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PEPE G.-PUMARINO
CANDÁS.
Jueves, 17 de mayo 2018, 00:14
El grupo municipal del PP de Carreño arremetió ayer contra la alcaldesa, Amelia Fernández, por una factura por importe de 3.872 euros por un informe jurídico a la Fundación Universidad de Oviedo para conocer la situación de la Mancomunidad del Cabo Peñas. Para su portavoz, José Ramón Fernández, esta consulta «era absolutamente innecesaria» si se tiene en cuenta que ambos Consistorios contaban ya con la información proporcionada por los funcionarios encargados del asesoramiento legal del municipio. «Por consiguiente, todos los carreñenses hemos gastado 3.872 euros de nuestros impuestos en un informe a mayor gloria de los caprichos de la señora alcaldesa. A estas alturas queda claro, una vez más, que Amelia Fernández es una calamidad en la gestión del dinero público», señaló.
La reflexión que hace el PP sobre este gasto es que se trata de «otro derroche con un informe que no aporta nada nuevo, solo por la guerra que mantiene con su compañero de partido, el alcalde de Gozón». Fernández, acusó a la alcaldesa de no haber explicado ningún detalle al respecto de este asunto a los órganos municipales, «por lo que nos vimos obligados a tener que acceder al expediente».
Ante estas acusaciones, el portavoz socialista, Gabriel Rodríguez, manifestó que, resulta cuanto menos «lamentable» que cuando los informes técnicos o jurídicos no gustan al PP se intente desprestigiarlos y acusar de mala gestión a quien los encarga. Y añadió que «el único derroche al que asistimos a diario en este Ayuntamiento es al de la falta de seriedad del portavoz del PP. Cuando le interesa propone pedir informes a diestro y siniestro y cuando no, acusa de capricho. La falta de compromiso del portavoz popular con los problemas reales del concejo es ya más que evidente. Esta es la verdadera calamidad por la que atraviesa este Ayuntamiento».
El edil, quien también ocupa el cargo de vicealcalde, añadió que el informe al que hace referencia aporta una perspectiva nueva al análisis sobre la situación de la mancomunidad. Algo que, sin duda, resulta de interés a la hora de afrontar el debate riguroso sobre el futuro del ente supramunicipal.
El objetivo del mencionado estudio jurídico encargado por el PSOE de Carreño en marzo tuvo como finalidad apelar a un asesoramiento jurídico ante los serios problemas por los que sigue atravesando el ente supramunicipal. En el informe se dictaminó que en la actualidad el órgano que gestionan ambos concejos se encuentra incurso notoriamente en causa de disolución. Un razonamiento que más tarde fue rebatido desde la Dirección General de Administración Local del Principado, que estimó que no existe tal causa de disolución. A la vista de los informes que disponen, sus estatutos - que son la norma básica de su gestión-, están adaptados a lo que fija la actual ley reguladora de las Bases del Régimen Local, lo que sitúa a la Mancomunidad del Cabo Peñas dentro de la legalidad.
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