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ALICIA G.-OVIES
CANDÁS.
Viernes, 13 de abril 2018, 00:23
Para la familia Vázquez Prendes los disgustos parecen no haberse acabado. El miércoles, a primera hora de la mañana, se veían obligados a desalojar su casa para cumplir una orden judicial. Tras una intensa jornada, a media tarde recibían las llaves de las viviendas de urgencia que el Ayuntamiento les debía ceder de forma provisional. Pisos que, en palabras de Alicia Prendes, se encontraban «indecentes». Esta circunstancia les llevó a reservar una habitación en un hotel mientras los limpiaban. Ayer, una resolución de Alcaldía les anunciaba la obligación de entregar las llaves de dichos inmuebles lo antes posible. A cambio les ofrecían 500 euros para alojamiento que deberán ser previamente justificados.
La decisión se basa en que no viven aún en los pisos asignados. Asimismo, en el caso de que se les pudiera entregar otros pisos, la familia deberá presentar, en el plazo de cinco días naturales, la documentación requerida a Servicios Sociales. Ante dicha decisión cabe recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de Gijón o ante el propio Ayuntamiento.
Los afectados recibieron la resolución con sorpresa. «Fui a la Policía para pedirles que me acompañaran a sacar unos muebles de la vivienda desalojada, nos acercamos al Ayuntamiento y me encontré con la resolución», explica Alicia Prendes, quien indicó que están adecuando esos pisos, que tienen la intención de irse a vivir ahí y que no renunciarán a la vivienda hasta que un juez no se lo ordene.
Para esta vecina de Candás la situación es «surrealista». Por el momento, ya ha puesto la situación en manos de su abogado y la tarde de ayer la dedicó a limpiar el piso que le habían cedido, el cual, recuerda, estaba lleno de suciedad. «Esto no se le hace a nadie. No lo digo porque me haya tocado a mí. ¿Nadie comprueba el estado de las viviendas cuando las abandonan?», se pregunta.
El desalojo le ha afectado a ella, a su marido y a su hijo, a quien el Ayuntamiento también cedió otra vivienda de urgencia. Ambos deberán, según la resolución, entregar las llaves lo antes posible a los Servicios Sociales municipales. «Me echaron de mi casa por seguridad y de aquí, de la vivienda de urgencia, lo van a tener que hacer por okupa porque no pienso irme», advirtió Prendes.
Por su parte, el Partido Popular de Carreño ha decidido llevar la situación ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, puesto que la vivienda está pegada al paseo marítimo, carretera cedida al Ayuntamiento por la administración regional. El grupo municipal ha criticado la «dejación de funciones del Consistorio». «Desalojan a una familia por riesgo vital y sostienen que no se ve afectado el paseo marítimo, que está justo a continuación. Todo ello, a pesar de que en su día dicho el paseo estuvo cortado al tráfico casi un año precisamente por la situación de la casa», explican.
En este sentido, el PP ha solicitado al Principado que intervenga en el asunto, al objeto de comprobar y clarificar, en virtud de sus competencias en materia de carreteras y urbanismo, si el paseo marítimo de Candás está en riesgo desde el punto de vista de la seguridad, a causa de los argayos. «Estamos muy preocupados por esta cuestión y no vemos que el Ayuntamiento ofrezca una respuesta clara», lamentan
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