Centenares de afectados por el desfalco de Candás se unirán en una plataforma

Los cientos de defraudados por el desfalco de un administrador de la propiedad en Candás y Luanco se unirán para crear una plataforma de afectados, mientras prosigue el goteo de nuevas comunidades estafadas. Entre ellas, una de la calle Independencia, en el barrio gijonés de El Natahoyo, gestionada por este mismo agente. En este caso el importe defraudado sería de 35.000 euros, destinados inicialmente a una obra para la instalación de un ascensor. Según informó un portavoz de esa comunidad, ayer pudieron comprobar tras leer la noticia en LA VOZ que únicamente figuraban 300 euros en la cuenta abierta para este proyecto.

Ahora, ante la avalancha de quejas existentes, los afectados han tomado la iniciativa de unirse en defensa de sus intereses. El primer paso se dará este fin de semana cuando evaluarán el alcance del dinero defraudado antes de la constitución de la plataforma de afectados. La semana que viene será convocada una reunión en un local municipal a la que podrán asistir todas las víctimas. Así lo avanzaron algunos portavoces vecinales interesados en la iniciativa. Mientras, ayer, la comunidad de la calle Río de Candás, convocó a sus sesenta propietarios para informarles de la estafa en la obra del ascensor por un importe de 40.000 euros, y donde cada propietario habría aportado a la derrama entre 3.000 y 6.000 euros. El aviso de la falta de fondos para hacer la obra fue comunicado por la empresa que instala estos servicios. Entretanto, las puertas de la agencia Legaltia XXI, con sede en la calle Pedro Herrero en Candás, siguen cerradas ante la mirada de los muchos perjudicados que se acercan al local para exigir la documentación de sus negocios.

De hecho, algunos comentan que la última vez que se atendió a los clientes fue anteayer, entre las 22 y las 23 horas. Fuentes de la Guardia Civil adelantaron que hasta el momento únicamente consta una denuncia presentada en las dependencias de la Benemérita de Candás, lo que pone de relieve la incertidumbre reinante entre estos colectivos que se preparan para formalizar una denuncia colectiva. También destaca la labor realizada hasta el momento por la empleada de la agencia que, pese a ser una afectada más, intenta colaborar con los afectados, pese a que el administrador único es el presunto defraudador, Marcos D. A. Además, esta trabajadora ya habría puesto su situación en manos de un abogado laboralista. Otras voces señalaron que este agente no pertenece a ningún colegio oficial de administradores de fincas, aunque si está colegiado en el Colegio de Abogados de Gijón.