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PEPE G.-PUMARINO
Martes, 28 de febrero 2017, 00:06
«No tenemos nada contra la perrera, pero sí contra su ubicación». Es el argumento principal expuesto por la Asociación de Vecinos de San Juan de Tamón contra el proyecto de instalación de un centro canino y veterinario en su parroquia. Para ellos, el problema radica en la proximidad de esa instalación, calificada de de actividades molestas, a una distancia de menos de cincuenta metros de la vivienda más próxima. Ponen como referencia otras actividades similares existentes en el municipio a las que el Ayuntamiento exigió una distancia que duplica a la establecida en este caso. También alegan que, además de la distancia, existen otras incompatibilidades como su construcción en suelo calificado de especial protección en el que existen corzos y otras especies en libertad.
La entidad vecinal también salió al paso de las declaraciones realizadas a EL COMERCIO por el portavoz de Izquierda Unida, Ángel García, en defensa de su apoyo al proyecto. El concejal defendía su respaldo al proyecto por los informes favorables tanto técnicos como jurídicos. Una justificación que -para los vecinos- en absoluto es suficiente, habida cuenta de que «desconoce el contenido de los mismos». Para los vecinos, lo cierto es que se está otorgando un permiso «de manera gratuita de recogida de los animales abandonados en Carreño para ahorrar 16.000 euros a las arcas municipales, tal y como se dijo en el Pleno. En definitiva es un negocio que este concejo no necesita y, sin embargo, es beneficioso para Avilés y Corvera».
Asimismo, los vecinos también criticaron que se contemple la creación de una clínica veterinaria con una superficie de 160 metros cuadrados en planta. «Una instalación así no existe en la región, eso sin olvidar que ya se emitió una sentencia que prohíbe a la Protectora tener una clínica para atender a otros animales que no sean los propios del albergue».
Así las cosas, la aprobación inicial que fue rechazada por el Pleno la pasada semana, deberá someterse a consultas del Ayuntamiento con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Mientras, la Protectora se mantiene firme en la viabilidad del proyecto.
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