El PP exige que se habilite ya el Museo de la Pesca en Candás

El Partido Popular de Carreño advierte del riesgo que corre el Ayuntamiento respecto a la antigua fábrica de Ortiz, un edificio que fue expropiado para ubicar en él el Museo de la Pesca y de la Industria Conservera, algo que no ha sucedido. Los populares temen que, de seguir así las cosas, haya que revertir esa expropiación.

Este aviso llega después de conocerse un informe jurídico municipal en el que se exponen las causas que podrían motivar una devolución a la propiedad del inmueble en el que se cita concretamente el incumplimiento de la finalidad para la que se hizo la expropiación, que era albergar un equipamiento cultural. El precio abonado por el Consistorio por este edificio rondó los 600.000 euros.

En opinión del PP, además de esta circunstancia también existen otros conceptos a los que tendría que hacer frente la Hacienda municipal. Entre ellos, la devolución de la subvención estatal concedida para la ejecución de las obras del proyecto del Museo de la Pesca y la Industria Conservera. Esta ayuda fue de 1,3 millones, de los cuales en la primera fase se invirtieron 800.000 euros. Un dinero que, transcurridos cuatro años de la finalización de los trabajos, se corre el riesgo de tener que reembolsarlos si se incumple la finalidad para la que fueron concedidos.

A la vista de esta situación, el portavoz popular, José Ramón Fernández, indicó que «los que nos metieron en el lío de hacer un museo inviable y pidieron una subvención con tal fin llevan años dedicando el edificio a todos los usos imaginables salvo el de museo». «Tienen que explicar a los vecinos qué van a hacer para cumplir con el compromiso de la ayuda y que el asunto no tenga implicaciones millonarias para el Ayuntamiento», añadió.

«Irresponsabilidad»

El edil aludió precisamente en los informes jurídicos para calificar la postura de la alcaldesa de «irresponsable» por no completar las obras. En referencia al mencionado dictamen jurídico, recordó que en el mismo se precisa que esta actuación no esta sujeta a un mero voluntarismo político: «El proyecto debe abordarse en cuanto sea posible a la vista de la legalidad aplicable y en términos de racionalidad, primando incluso sobre otras inversiones». Fernández dijo que se van a cumplir tres años desde que finalizaron las obras de la primera fase. «Han pasado ya varios presupuestos municipales y las cosas siguen igual». «Existe una clara improvisación», lamentó.