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PEPE G.-PUMARINO
Miércoles, 30 de noviembre 2016, 00:44
Los parlamentarios ni siquiera lograron concretar un plan de futuro para la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Así se constató en el debate que tuvo lugar ayer en el salón del centro polivalente de Candás sobre la situación del complejo turístico; un encuentro organizado por la Asociación Vecinal de Candás cuando se cumple un década del cese de la actividad en el centro turístico. La presentación corrió a cargo del presidente de la entidad vecinal, Luis Fernández, mientras que el debate fue conducido por el periodista y profesor Braulio Fernández.
Los participantes -Carmen Fernández (Foro), Agustín Cuervas-Mons (PP), Lucía Montejo (Podemos), Ovidio González Zapico (IU), Armando Fernández (Ciudadanos)- centraron sus discursos en las razones que motivaron el cese de la actividad hace ya diez años y plantearon algunas propuestas de futuro. Pero el denominador común fueron las críticas por parte de los partidos políticos de la oposición a los sucesivos gobiernos socialistas en el Principado, a quienes culparon de no hacer nada para recuperar la actividad en la Ciudad de Vacaciones. La primera en intervenir fue Carmen Fernández, quien culpó al Gobierno regional de no ejecutar ninguno de los acuerdos adoptados en la Junta General sobre el complejo turístico.
Agustín Cuervas-Mons puso el acento en la falta de iniciativas por parte del Ejecutivo autonómico durante los diez años que transcurrieron desde el cese de la actividad en Perlora. Y Ovidio González Zapico mantuvo que el equipamiento debe de dejar de ser una gran área recreativa para volver a ser el centro turístico que una vez fue. Mientras que en opinión de Armando Fernández la solución pasa por planificar proyectos que sean más modestos que los manejados hasta ahora. Lucía Montejo achacó el actual estado de Perlora a la «incapacidad» de gestión del Gobierno regional.
Frente a todos ellos, Dolores Álvarez-Campillo recurrió a la ironía para defender la posición de su partido. E instó a los partidos de la oposición a plantear propuestas que recojan una mayor inversión en la Ciudad de Vacaciones en los presupuesto generales, pero, eso sí, «explicando de qué otras actuaciones se recortarán». En los presupuestos de 2017, el Gobierno solo recoge una partida de 50.000 euros.
En cuanto a las propuestas de futuro del centro turístico, la mayor parte de los diputados se mostraron partidarios de que se mantenga la condición su carácter público sin perjuicio de dar entrada a la gestión del capital privado. Sobre esta cuestión Álvarez Campillo puntualizó que estas premisas las mantiene el Ejecutivo regional hasta el punto de haber rechazado «importantes propuesta de inversores que plantearon que dejase de ser pública para el desarrollo de sus proyectos».
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