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PEPE G.-PUMARINO
Viernes, 27 de mayo 2016, 00:41
«El pueblo de Prendes no quiere una incineradora de animales». Con esta escueta frase, el portavoz vecinal Manuel Alonso quiso dejar ayer bien claro la postura de los vecinos de la parroquia. Una oposición que hicieron ayer visible en una concentración ante la nave que albergará la instalación destinada a la incineración de mascotas perteneciente a la empresa Prinascan, S.L., que tiene su sede en Gijón.
Los argumentos vecinales contra la autorización municipal insisten en que se trata de una actividad molesta que contribuye a incrementar la contaminación que ya padece esta pedanía.
Los 78 vecinos que rubrican las alegaciones, con el respaldo de cinco asociaciones vecinales del concejo, se mostraron muy críticos con el Ayuntamiento de Carreño: «Creemos que, tratándose de una autorización a un horno crematorio, deberían haber informado con detalle a los afectados, lo que no hicieron. De hecho, para elaborar el documento de alegaciones tenemos que abonar un dinero por falta de información», criticaban.
Mientras, la empresa Prinascan, S.L., que recibió las quejas vecinales con «asombro», por lo que consideran falta de conocimiento de la actividad, considera que el nivel de rechazo «es desproporcionado». Juan Luis Velasco, encargado de la logística y compras de la empresa, matizó ayer a EL COMERCIO que, en ningún caso, se trata de una incineración como en el caso de los crematorios al uso. «Para que se hagan una idea nuestra produccióny las instalaciones de Gijón es de 30 a 37 cremaciones mensuales de promedio. Algo realmente inapreciable,comparándolo con otras incineraciones. Además, los controles de emisiones que debemos superar, y otros en materia de sanidad animal, son muy exigentes, muy por encima de otras empresas», señaló.
«Contamos con las licencias»
Sobre las autorizaciones, Velasco añadió que, desde el inicio de la actividad de servicio funerario para mascotas, «contamos con todas las licencias que se exigen en materia industrial». Sobre las alegaciones formuladas por los vecinos, señaló que la a actividad está incluida dentro del reglamento que regula estas industrias como producto de transformación». Por último recordó que la normativa de la Unión Europea recoge que, para deshacerse de las mascotas, no se puede emplear el sistema de enterramiento. Solo hay dos opciones, la cremación individual que hacemos nosotros y la colectiva, que se hace a través de un servicio que recoge los animales y los incinera.
El polémico proyecto también fue objeto de debate en la sesión plenaria celebrada ayer. En ella, el grupo municipal del Partido Popular, pidió explicaciones al Ejecutivo municipal. El portavoz popular, José Ramón Fernández, reprochó a la alcaldesa, Amelia Fernández, el desconocimiento de la Corporación en este asunto «dado que desconocíamos la falta de las correspondientes autorizaciones del Principado».
El PP pidió, finalmente, que se revisara la autorización, al tiempo que planteó una «rectificación» al PSOE tal y como se hizo en el caso del proyecto fallecido de la perrera para Tamón.
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