Un error en el recurso ante el Supremo cierra la vía judicial para reabrir el túnel de Aboño

Un error en la tramitación del recurso por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) cierra la vía judicial del Ayuntamiento de Carreño en su intento de que se reabra el túnel de Aboño. Ese fallo se produjo por la incomparecencia de la letrada dentro del plazo fijado para presentar el recurso, motivo por lo que el alto tribunal lo declaró desierto.

No obstante, en el informe elaborado por el servicio jurídico de la Mancomunidad del Cabo Peñas, a quien se le encomendó la tramitación, todavía no se da por agotada la vía judicial, aunque no precisa el por qué, razones que serán dadas a conocer mediante un nuevo informe, según se explicó a los grupos políticos. De no encontrar la manera de retomar la iniciativa judicial, cabe la posibilidad de recurrir a la vía política mediante una petición al Gobierno del Principado para que recupere el derecho que tiene sobre el vial que discurre por el túnel.

El recurso ante el Tribunal Supremo se planteó tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del pasado 25 de noviembre en el que desestimaba la reclamación del Ayuntamiento de Carreño en contra del cierre del túnel. El veredicto se fundamentó en la exclusividad del vial como una zona de actividad de los servicios portuarios que genera el puerto de El Musel al amparo de la cesión que hizo del mismo el Principado en 1987. La sentencia también hace referencia a que los terrenos afectados por el túnel se encuentran fuera de los límites del concejo. Es este argumento el que invocó el TSJA para que no exista obligatoriedad de que el Puerto de Gijón deba comunicar su cierre al Consistorio, salvo el derivado de la lealtad entre administraciones.

Cerrado desde 2012

La Autoridad Portuaria de Gijón decretó el cierre del túnel en enero de 2012 alegando motivos de seguridad tras producirse algunos desprendimiento en su interior. Dos años más tarde, en 2014 comunicó al Ayuntamiento la decisión de no acometer las obras, valoradas de 4,5 millones. Una cifra que no es asumible por el Puerto de Gijón. Así las cosas, Carreño decidió iniciar una reclamación.