Los ecologistas piden que se reabra el expediente sancionador contra EdP

La Coordinadora Ecologista de Asturias insta a la Consejería de Medio Ambiente a reanudar la tramitación del expediente sancionador incoado contra EdP por el vertido de fuel a la ría de Aboño por la térmica en el año 2012. Los ecologistas mantienen que la central térmica no puede quedarse «sin castigo» a pesar del sobreseimiento provisional de la causa por parte de la Audiencia Provincial; también se decretó el archivo de las actuaciones por parte del juzgado de Instrucción número 1 de Gijón.

Además, los conservacionistas han solicitado a la Consejería de Infraestructuras la revisión de la Autorización Ambiental Integrada otorgada por el citado departamento regional a la central térmica de carbón con fecha de 16 de junio de 2008. Y es que, desde su punto de vista, a lo largo del procedimiento penal se evidenciaron las graves deficiencias en la previsión administrativa de los riesgos de contaminación.

Según explicó el portavoz de este colectivo ecologista, Fructuoso Pontigo, «queda claro que a través de la declaración del perito designado por la juez que el método de la medición de la conductividad recogido en la Autorización Ambiental Integrada es totalmente ineficaz e inútil para detectar fugas de gasóleo».

Recientemente, la Audiencia desestimó la reclamación presentada por el Ayuntamiento de Carreño contra las medidas adoptadas por la central que originó el vertido al mar.

Las consecuencias

El vertido afectó a más de 118.000 metros cuadrados de zonas de baño, 86.000 metros cuadrados de costas rocosas, escolleras y plataformas intermareales y a más de 13.000 metros cuadrados de playa, poniendo en riesgo la vida de aves catalogadas en peligro de extinción.

De acuerdo a los datos facilitados por el Servicio de Ordenación Pesquera, el fuel tóxico afectó a los recursos marisqueros y a los aparejos de pesca, generando un serio riesgo para los campos de ocle de la zona.

Y, más concretamente, a 567,33 las hectáreas dañadas en la capa correspondiente a calados de pesca. Pontigo indicó que «es posible que la toxicidad permanezca en el mar en estado disperso afectando a los recursos naturales y a la salud de las personas».