El juez exime al Ayuntamiento de los daños causados por el argayu en la casa de Candás

El Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Gijón ha eximido al Ayuntamiento de Carreño de los daños causados por un argayu en 2013 en la vivienda del paseo marítimo de Candás. Su propietaria, Alicia Prendes, reclamó una cuantía en concepto de responsabilidad patrimonial de 74.807,77 euros. Dicha demanda se fundamentó en las actuaciones realizadas por el Consistorio en una parcela anexa a la casa para acometer las obras de estabilización de la ladera del monte Fuxa.

En la misma reclamación también se incluyen otros daños ocasionados por el desprendimiento de 2013. Por estos conceptos exigió a la Administración local 12.819,77 euros. Por los gastos de arrendamiento y demás derivados del traslado forzoso de la familia, solicitó una cifra no inferior a 6.000 euros. Y por el importe de las obras de desescombro y de aseguramiento de la ladera en la parte no cubierta por la obra ya ejecutada por el Ayuntamiento, una cantidad no es inferior a 30.988 euros. Por último, 25.000 euros por daños morales.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo entiende que si los desprendimientos ocurridos en el año 2000 no proceden de la inestabilidad natural de la ladera situada tras la vivienda y si el deslizamiento del año 2010 afectó solo a su garaje, no cabe fundamentar la responsabilidad del Ayuntamiento en los argayos de marzo de 2013 en el incumplimiento de su potestad-deber de exigir al propietario del Monte Fuxa la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

A la vista del fallo, para la alcaldesa, Amelia Fernández, «queda claro que la actuación municipal en la gestión de este asunto ha sido velar en todo momento por la defensa del interés general, a pesar de las continuas presiones políticas que reclamaban la atención a un interés particular». En cuanto a la cuantía económica reclamada señaló: «Decimos, una vez más, lo que hemos venido defendiendo: que el Ayuntamiento no puede resolver con dinero público un problema privado. Y que quien lo pretenda hacer debería ser denunciado por malversación de caudales públicos».

La propietaria de la vivienda, Alicia Prendes, rehusó hacer valoraciones al no estar en conocimiento todavía del contenido del fallo judicial.