Carreño exige al Principado un plan integral para la Ciudad de Vacaciones

El movimiento vecinal de Carreño exige al Principado un proyecto integral para la Ciudad de Vacaciones de Perlora, al tiempo que denuncia el pésimo estado en el que se encuentra el interior de algunos edificios. La solicitud responde al anuncio que hizo la pasada semana la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, sobre la contratación de una firma consultora para la elaboración de un estudio sobre el complejo turístico.

En este encargo va además incluida la búsqueda de inversores privados interesados en la explotación del recinto. Y aunque desde el vecindario se elogió el desembolso del Gobierno regional -cerca de un millón de euros en el adecentamiento de las infraestructuras y fachadas de los edificios- también denuncian el pésimo estado de abandono del interior de algunos inmuebles. Por esta razón, piden que se lleve a cabo un plan de limpieza y retirada de la basura de estos edificios y las obras necesarias para el mantenimiento y recuperación del mobiliario.

Mientras, desde las filas del Partido Popular, se manifestó su desacuerdo con la intención del Principado de acometer el derribo de otros seis chalés, con los que se incrementa a veintidós las edificaciones declaradas en ruina técnica. De ellas, trece corresponden a las villas y las nueve restantes, a otras instalaciones y pabellones. Según señaló su portavoz, José Ramón Fernández, «la ruina técnica que alega el Principado se basa esencialmente en unos informes que aporta el propio gobierno autonómico, que es parte interesada y cuyo única intención es derribar el mayor número posible de edificios. Por ello decimos con toda claridad: la irresponsabilidad y la dejadez que el PSOE ha ejercicio siempre en relación con Perlora no nos permite fiarnos de los informes que aportan».

El edil popular añadió en este sentido que la quiebra económica no queda acreditada cuando no consta en el expediente un presupuesto por partidas ni valoración de las obras a realizar o en su caso de las partes afectadas. «Algo que exige la actual normativa en materia de urbanismo y que el Principado no se molestó en aportar».

Igualmente, critican lo que califican un «trato de favor» del ejecutivo socialista local hacia las actuaciones de la Administración autonómica: «Mientras que cualquier vecino es sancionado en materia de conservación de su propiedad, permiten al Principado que incumpla sus obligaciones», concluye rotundo.