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José Fernando Galán
Viernes, 9 de enero 2015, 00:37
La finca de El Pinar de Salinas que el Ayuntamiento pretende permutar por otra sita en las dunas de El Espartal para evitar que la empresa propietaria de está última construya en ella más de 200 viviendas no es, a día de hoy, edificable, situación que de no resolverse echaría por tierra el acuerdo.
Se plasmó en un convenio el pasado mes de abril. A grandes rasgos la edificabilidad, ratificada por el Supremo, de la finca de las dunas se trasladaría a la de El Pinar, de propiedad municipal, en la que la empresa podría construir las 208 viviendas módulo 100 (metros cuadrados, medida de referencia) y también, como compensación al cambio de ubicación, más lejos de la playa y más cerca de las balsas de Asturiana de Zinc, un equipamiento público que ocuparía 14.000 metros cuadrados. En principio, un hotel.
El convenio recibió varias alegaciones, entre ellas las de la referida multinacional, y posteriormente la empresa solicitó que quedase temporalmente en suspenso, a la espera de resolver una serie de cuestiones fiscales. A día de hoy la situación sigue igual. Las alegaciones no se han resuelto, Hacienda no ha aclarado las dudas planteadas por la empresa y el Principado mantiene como no edificable la finca de El Espartal.
La alcaldesa, Yasmina Triguero, afirma que la consejería correspondiente ha ratificado la catalogación del suelo y que no ha respondido a las alegaciones en contra de tal decisión presentadas por el Ayuntamiento, con el fin de que el convenio pueda llevarse a buen fin. «No nos gusta que se construya en El Pinar, pero es la mejor solución posible», afirma Triguero. Por su parte, el gobierno regional asegura que el Ayuntamiento no ha realizado solicitud alguna, «por lo que no hay motivo para cambiar la catalogación de la finca, que lleva muchos años protegida», aseguró ayer a este periódico un portavoz del Principado.
La situación sigue por tanto enquistada, y la normativa recién aprobada por el Principado que refuerza la protección dunar plantea nuevos interrogantes. Cabe recordar que si bien en su día defendió que no se construyese en las dunas, el Principado acabó allanándose en el proceso judicial ante la sospecha de que la empresa tenía todas las de ganar, como así fue. El Ayuntamiento siguió adelante, hasta el Supremo, que finalmente ratificó que el suelo es urbano y por tanto, edificable.
Las dudas son muchas, aunque una cosa parece clara. Si la empresa no puede construir ni en una finca ni en otra tendría derecho a una fuerte indemnización que habría que pagar con dinero público.
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