«El Principado y el Consistorio no hicieron nada para afianzar el Fuxa en siete años»

La familia desalojada en marzo del pasado año de su vivienda en la calle Astillero, en el paseo marítimo de Candás, acusa al gobierno socialista local y al Principado de «absoluta dejadez e ineficacia» a la hora de actuar en la ladera del monte Fuxa. Esta acusación se ampara ahora en la sentencia de la sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que fue dada a conocer hace algunos días y cuya ejecución solicita. El fallo obliga a la Consejería de Fomento a estabilizar la ladera del monte y a realizar otras mejoras en la travesía urbana de la carretera AS-239a, en el paseo.

Dicho fallo fue emitido tras admitir a trámite el recurso del Ayuntamiento de Carreño. El gobierno local se basó en el incumplimiento del Ejecutivo regional a la hora de cederle el vial que discurre por el paseo que une Candás con Perlora y el resto de su tramo urbano. Ocurrió en 2007.

El detonante fue la falta de respuesta, en julio de 2010, de la Dirección General de Carreteras a los reiterados requerimientos municipales de que procediera con la estabilización de la ladera dados los continuos argayos que se producían en la zona. En la misma petición se denunció la cesión incorrecta, el 7 de noviembre de 2007, del tramo de carretera, que causó serios problemas para la seguridad del tráfico y de los viandantes en el pase.

Así las cosas, la portavoz de la familia afectada, Alicia Prendes, señaló que a la vista de la sentencia del TSJA, «queda claro que desde hace siete años el Principado tenía la obligación de afianzar la ladera y que el Ejecutivo local no lo hizo cumplir en todo este tiempo». Desde su punto de vista, la zona del talud que afecta a la parte trasera de su casa «se encuentra dentro del tramo de carretera cedido al Ayuntamiento en 2007, o lo que es lo mismo, dentro del ámbito que el Pleno de Carreño dijo que había que estabilizar». «Por ello, si la Consejería de Fomento -añade- hubiera cumplido con sus obligaciones y el alcalde hubiera exigido su cumplimiento en su momento, los argayos de 2013 se hubieran evitado».

«Sin escrúpulos»

Prendes señala que la sentencia deja clara «la falta de escrúpulos de ambas administraciones socialistas, que intentan cargar a una familia víctima de los desprendimientos con algo que es claramente responsabilidad del Gobierno regional». La portavoz de la familia también aporta una prueba de que ya en 2010, el propietario de la finca colindante a su vivienda presentó en septiembre una instancia al Ayuntamiento en la que expone que el consorcio de seguros se hace cargo de los daños causados en su finca.

Pero advierte ese documento de que el peligro real de nuevos argayos se encuentra en la parcela propiedad de la familia Prendes y explica que el muro que protege su propiedad se encuentra sobrecargado materiales desprendidos en la ladera, por lo que el riesgo es alto de que, de producirse nuevos deslizamientos de tierra se lleven por delante la vivienda.