El PSOE urge la conexión de la calle de Carlos Albo al saneamiento local

El gobierno local socialista cumple la ley. Y en base a ese argumento, su cumplimiento, justifica que las comunidades vecinales de las calles candasinas de Carlos Albo y Pedro Herrero abonen el enganche a la red de saneamiento de la villa, algo que podían haber hecho desde hace quince años, según la versión municipal. Es pues una cuestión exclusivamente legal, pese a la polémica con los residentes de esas calles.

De hecho, así lo explicó la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Cecilia Tascón, en el transcurso de la última sesión plenaria. En ella, el PP presentó una moción, precisamente, instando al ejecutivo local a que admitiera los recursos de las citadas comunidades para anular la resolución de la Alcaldía que obligaba al enganche y su abono. De hecho, la Alcaldía pedía a los vecinos que lo solicitaran «de forma inmediata».

Según Tascón, y al amparo de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Consistorio debe dotar a los ciudadanos de la red de saneamiento, mientras que los vecinos deben hacerse cargo de las conexiones correspondientes. La edil recordó que existen informes técnicos y jurídicos que certifican que la resolución de la Alcaldía «se ajusta a derecho» y que esas calles disponen de red de saneamiento desde hace quince años. De ahí, dijo, que ahora se requiera a los vecinos para que procedan con el enganche.

Señaló también que ha habido ya once reuniones con los afectados «para que el gasto económico fuera el menor posible». De los recursos de reposición, Tascón informó al Pleno que hasta el momento han sido formulados cuatro.

El portavoz del Partido Popular, José Ramón Fernández, por su parte, reprochó al ejecutivo local la falta de información a los partidos de la oposición, a la vez que cuestionó las razones por las que durante los sucesivos mandatos socialistas «no procedieron como ahora».

Desde su punto de vista, añadió, «la cuestión de fondo es que el Ayuntamiento corre el riesgo de incurrir en algún tipo de delito ambiental al permitir que sigan vertiéndose aguas residuales al río Rita. Solo por esta causa se puede entender la resolución de la Alcaldía», reflexionó el portavoz popular.