Gozón disolverá la unión con Carreño el próximo mes

El gobierno de Gozón (PP) acometerá los trámites para la disolución de la Mancomunidad del Cabo Peñas el próximo mes. Así lo adelantó el alcalde, Ramón Artime, quien considera «inviable» cualquier otro modelo administrativo para mantener la unión con el vecino concejo de Carreño. Este anuncio se hace ahora tras agotar todos los plazos fijados por los populares gozoniegos con el resto de formaciones de la izquierda con representación en la junta de la Mancomunidad. Los populares cuentan con el respaldo de Foro y CA-UN para llevar a cabo la ruptura tras 21 años de unión municipal.

Esta decisión se produjo al no alcanzarse un acuerdo entre los dos ayuntamientos para acometer una profunda reestructuración del ente local supramunicipal.

Artime señaló que el inicio de la ronda de negociaciones para la disolución, tanto a nivel administrativo como con la plantilla de trabajadores, se iniciará en septiembre. De esta manera, dejó claro que la voluntad es firme sin que puedan producirse giros que replanteen la situación. Mientras tanto, desde el gobierno socialista de Carreño también se mantiene la firmeza de que para sentarse a revisar nuevas alternativas de cara a establecer acuerdos en materia de servicios, antes el Ayuntamiento de Gozón deberá abonar su deuda pendiente, que supera los 200.000 euros. Una cifra que, por otro lado, el PP gozoniego rebaja notablemente.

Trece puestos de trabajo

Desde los partidos de la izquierda se precisó en su momento, responsabilizando al PP, de que la decisión de disolver la unión de concejos supondrá la desaparición de trece puestos de trabajo directos, a los que se deberán añadir los que genera la piscina climatizada de Antromero. Consideraron que el PP vio, y aprovechó, la oportunidad de «liquidar» la Mancomunidad «por la puerta de atrás».

De acuerdo con los vigentes estatutos, en su artículo 32 se establece que la disolución se puede llevar a cabo siempre que una de las corporaciones así lo decida por mayoría en sesión plenaria. Tras tomarse esa decisión en firme, llega el momento de crear una comisión liquidadora. Esta comisión -además de garantizar la continuidad de los servicios que deban subsistir- dividirá el remanente, en caso de que lo hubiera, entre los ayuntamientos en proporción a sus aportaciones.

Desembolso económico

Y es en este punto donde puede generarse un importante desembolso económico cuando se haga efectiva la disolución de esta agrupación de concejos. Especialmente en las cuestiones legales relacionadas con la liquidación de los puestos de trabajo, ya que los empleados de esta mancomunidad forman parte de la misma, en su mayoría, desde hace 21 años.

Por otra parte, la voluntad de ambos concejos es mantener la piscina aunque desaparezca la Mancomunidad del Cabo Peñas.

Mientras, UPyD-Cabo Peñas denunciaba el «desprecio» demostrado por Ramón Artime, también presidente de la agrupación de municipios, al «ignorar» la petición de datos por parte de este partido político.

Según su delegado, Francisco Javier Alexandre, el alcalde «ordenó» al vocal-delegado, «no contestar a la carta en la que UPyD solicitó la información por no tener representación en la Mancomunidad». «Una decisión que va en contra de los derechos ciudadanos», planteó Alexandre.