El PP pide al alcalde de Carreño que retire a Muñiz las competencias de Festejos

La actitud general de los grupos de la oposición municipal de Carreño fue ayer de prudencia y cautela ante la imputación del alcalde y el edil de Festejos, los socialistas Ángel Riego y José Manuel Muñiz, por presuntos actos ilegales en la contratación de orquestas entre los años 2007 y 2011 al haberse adjudicado, supuestamente, las actuaciones a las mismas empresas, sin concurrencia pública y habiéndose fraccionado un contrato de 600.000 euros para evitar controles legales. Todos aquellos con los que pudo contactar este periódico insistieron en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y en dejar que sea la justicia la que haga su trabajo. Con esa premisa, el PP fue el más categórico a la hora de hacer valoraciones, ya que también quiso replicar al concejal de Fiestas, que ve en la acusación de Manos Limpias «una maniobra política» del PP.

Su portavoz, José Ramón Fernández, señaló que «tanto la prudencia política, como los antecedentes en la gestión y la correcta administración de los recursos públicos aconsejan que el alcalde revoque la delegación de competencias en el concejal de Festejos. Al PP -prosiguió- no le inspira confianza la gestión de ninguno de los dos: ni la del regidor ni la del concejal, pero, en este momento, lo mínimo es que el edil deje de tener este tipo de responsabilidades». Y sobre la acusación de ser una maniobra política de su grupo, apuntó que el PP «ha destapado estas irregularidades y si sacar a la luz los cambalaches socialistas es una maniobra política, bienvenida sea».

«Con el dinero de todos»

Negó formar parte de la junta de gobierno, como dice Muñiz, se preguntó «por qué ha cambiado el sistema de contratación de fiestas si tan legalmente estaba hecho todo» y apuntó que «el gobierno contrataba a quien contrataba porque le daba la gana, al margen de procedimientos (sin publicidad ni concurrencia) y poniéndose la ley por montera, no por calidad ni milongas». En este sentido, concluyó que «sorprende que el concejal se erija en juez máximo de la calidad de las orquestas, hasta el punto de que el gobierno del PSOE decidía qué era lo mejor para traerlo y punto. Si todos hicieran como él, desaparecería la Ley de Contratos».

La concejal de Foro Susana Corredor eludió hacer «juicios paralelos», pero quiso recordar que, desde que su grupo entró en la Corporación, ha trabajado «buscando la transparencia, la defensa de la ciudadanía y la legalidad». Por eso, «apoyó la moción para que hubiera claridad en la contratación de fiestas, puesto que la ley establece unos mecanismos y, al parecer, se los han saltado todos a la torera». Indicó que, en caso de que el juez concluya que hay delito en la gestión del alcalde y el edil, «deberían hacer frente a las consecuencias de sus actos y dimitir, puesto que no sería ni honesto ni honrado y habrían estado jugando con el dinero de todos los ciudadanos». También quiso señalar que «el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento; el Ayuntamiento dispone de personal para que estén bien asesorados».

Ángel García, concejal de IU, calificó de «muy triste y muy serio que el Ayuntamiento se vea envuelto en un proceso de esta índole. En cualquier caso, en IU -añadió- queremos tener la prudencia como máxima; no queremos ni interferir ni contaminar, ni utilizar este tipo de noticias para hacer política. Según vaya avanzando el proceso, ya se irán haciendo las valoraciones políticas». Joana Canals, de UICA, también recordó que «se trata de una imputación, de una denuncia, y prevalece la presunción de inocencia». El caso, afirmó, está en una fase inicial, por lo que «es posible, incluso, que el fiscal pueda sobreseerlo». No obstante, subrayó que su grupo está de acuerdo con que se investigue una situación aparentemente irregular en la que el denunciante entiende que las contrataciones no se han hecho siguiendo la legalidad, según la Ley de Contratos».