Los funcionarios alertan de que la prórroga agudiza los problemas de la justicia

«Hemos transferido al Principado la joya de la corona». Con tono de satisfacción certificaba el ministro Mariano Fernández Bermejo el traspaso de las competencias en materia de Justicia, que él mismo firmó después de años de negociaciones. Lo hizo en una entrevista ofrecida en exclusiva a EL COMERCIO en diciembre de 2008. El 1 de enero de 2009, se completó la transferencia una vieja aspiración del Gobierno asturiano y que lideró el entonces consejero del ramo, Francisco Javier García Valledor. El Principado asumió la gestión de 1.159 empleados y 32,7 millones al año destinados a personal, además de otros 16,4 anuales para costear los medios materiales.

Políticos y profesionales del ámbito jurídico celebraron entonces el logro conseguido. Pero en estos casi diez años, las quejas no han dejado de acumularse. Edificios en malas condiciones, carencias en los suministros de papel y tóner, herramientas informáticos que dan innumerables fallos y escasez de personal para atender los procedimientos judiciales son los problemas que más veces han puesto sobre la mesa los afectados. Es decir, los agraviados de forma más directa, los trabajadores, porque los retrasos que causa este déficit perjudican a todos los ciudadanos.

«Hemos evolucionado muy poco. Ya cuando dependíamos del ministerio defendíamos que éramos una administración olvidada. No da votos y no hay un interés real en que funcione y, por ello, las inversiones que se realizan son de los más mísero», asegura Juanjo Azcano, coordinador del sector de Justicia de CC OO. El portavoz sindical destaca «honrosas excepciones» al rozar la década desde que el Principado asumió las competencias de esta materia. En concreto, el Palacio de Justicia de Gijón y el Instituto de Medicinal Legal de Asturias, situado en Oviedo. No obstante, recuerda que ambas instalaciones se construyeron gracias a un convenio con el ministerio. «El resto sigue en el olvido», añade.

En el caso de las sedes, «hay casos sangrantes», como el del juzgado de Luarca. Apenas ha experimentado grandes avances en los últimos tiempo. De hecho, el personal lamenta que lleva así años. «Y es algo más que sabido las condiciones en que trabajamos», explican los trabajadores. Continúan demandado mejoras en el edificio, sobre todo en los accesos, y la supresión de las barreras arquitectónicas. Más de cuarenta escaleras impiden el acceso al juzgado a un segundo piso, pues no cuenta con ascensor. «Se han llegado a tomar declaraciones en el portal», critican. A ello se suma la antigüedad del edificio y del mobiliario, las humedades y los constantes cortocircuitos. Lo único que se renovó en los juzgados de Luarca fueron los equipos informáticos cuando Asturias asumió las competencias. Entre las inversiones previstas por el Principado para este año, se encuentra una partida de 450.000 euros para la construcción del nuevo edificio judicial de Valdés, en Villar.

Los juzgados del valle del Nalón también padecen la escasez de recursos. El de Laviana carece de un archivo adecuado, un problema común a la gran mayoría de las sedes judiciales asturianas. Además, las humedades son constantes durante la época invernal. Respecto a Langreo, el mayor conflicto, al que se lleva buscando una solución desde hace años -sin hallarla hasta el momento-, es la dispersión de edificios. Las sedes están ubicadas dentro del centro urbano de Sama. Existió un proyecto de unificación en un mismo inmueble, incluso llegaron a adquirirse los terrenos y el Principado presentó un proyecto de palacio judicial, pero nunca se materializó.

Los funcionarios insisten en la necesidad de aglutinar los juzgados en un solo espacio. A esta dispersión se añade la falta de espacio para archivar en papel los documentos, la mala conservación de algunas estancias y otras deficiencias que afectan al trabajo diario.

En el juzgado de Llanes las complicaciones derivadas de la falta de mantenimiento. «Los ordenadores, el sistema de calefacción... Está todo muy antiguo», indican los trabajadores. El juzgado se ubican en un entresuelo y ya ha sufrido tres inundaciones. «Los bomberos pidieron al Gobierno regional que hiciera obra para repararlo, pero fue una chapuza y se volvió a inundar», la última vez a finales de agosto de 2017, apuntan. Al parecer, los operarios debían abrir una arqueta que canalizara el agua, pero no funciona. «Se supone que, tras la primera inundación, el Principado cobró más 30.000 euros del seguro, pero solo logramos que nos pintaran el juzgado de blanco; no cambiaron los muebles, que cualquier día se caen de la humedad que tienen», relatan.

Así las cosas, se vieron obligados a colocar deshumidificadores porque con las inundaciones se mojaron expedientes. «Se los llevaron un día porque consideraron que ya estaba seco, pero seguimos teniendo humedad». Por otro lado, debido a que las dependencias carecen de puerta de seguridad, ha sido necesario colocar rejas en todas las ventanas. Respecto al sistema de videoconferencia, opinan que «es una porquería, no funciona porque no es compatible con otras comunidades autónomas». Los ordenadores también presentan trabas. «Son viejos y están tan capados por seguridad que no leen ni un lápiz de memoria», cuentan. Asimismo, necesitan un teléfono nuevo para la sala de vistas que sería necesario para realizar las videoconferencias, ya que se estropeó por las inundaciones.

Tampoco hay mampara o biombo, un elemento fundamental, por ejemplo, en procedimientos de violencia machista. Asimismo, solo hay una puerta de acceso, por lo que las partes se encuentran en el recinto. «Intentamos separarlos, pero el trago lo pasan porque tienen que entrar juntos por el mismo sitio. No tenemos una dependencia concreta para ingresar a los detenidos: o los metemos en la sala de vistas o en el 'hall' de entrada», denuncian. Además, el hecho de tener una sola de vistas supone un inconveniente ahora que los secretarios deben hacer comparecencias.

Respecto al personal, en Llanes están a la espera de que el Principado designe a un trabajador más. «Tenemos una interina y una plaza de funcionario vacante porque el anterior se acaba de ir por concurso y nos dicen que no pidamos un interino porque van a sacar la comisión de servicio, con lo que tardarán al menos dos meses, si es que lo pide alguien», indica la plantilla.

En Cangas de Onís también sufren la falta de empleados. «El refuerzo que habían prometido no llegó. El Principado sigue argumentando que no hay dinero, así que no pueden mandar a nadie. La proporción de volumen de trabajo con el personal no cuadra», apuntan los trabajadores. Ponen de manifiesto que «los números aconsejarían un segundo juzgado, pero no lo van a hacer. Lo que conseguimos fue una prolongación voluntaria de jornada». En la actualidad, siete funcionarios -dos de ellos no se dedican a la tramitación de expedientes-, la juez y la secretaria trabajan en un partido judicial que también incluye a Amieva, Onís, Parres, Ponga y Ribadesella.

«Cada año, entre civil y penal, llevamos más de 1.500 procedimientos. Harían falta, al menos, dos personas más, aunque nos conformaríamos con un refuerzo», indican los afectados. Aunque los trabajadores han prolongado su jornada, no han conseguido evitar los retrasos. «Estamos bajo mínimos. Si hay una baja o una marcha a otra plaza por concurso, se nota muchísimo. La plantilla está obsoleta total, como en los años 80», lamentan. Los empleados de la sede judicial de Cangas de Onís insisten en la necesidad de reestructurar el trabajo porque «hay localidades donde quizá sobra un juzgado y aquí estamos fatal. Pero la reestructuración no llega nunca». Aunque las instalaciones están algo anticuadas, aseguran que no piden unas instalaciones nuevas. «Lo que más nos preocupa es el tema del personal», subrayan.

«Clama al cielo lo que ocurre en el juzgado especializado en Violencia de Género de Gijón», señala Félix Fernández, presidente de la junta de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y delegado del sindicato STAJ. «Está desbordadísimo, al límite. Tiene siete funcionarios, pero de trámite son cinco» sobre el papel, porque uno de ellos obtuvo plaza por concurso en otro juzgado. Dos han solicitado un curso de formación, que «es fundamental, pero si se lo dan quedarán solo dos funcionarios». Aunque el Principado se comprometió, el pasado mes de agosto, a incorporar esos refuerzos, «Función Pública se cobija en prórroga presupuestaria para incorporarlos. Este juzgado tramita mas de 1.200 procedimientos anuales, «más del doble» de los que gestiona su homólogo de Oviedo. A pesar de ello, el de la capital tiene dos funcionarios más. El malestar de los sindicatos por este asunto se ha visto acrecentado por el reciente nombramiento de tres trabajadores de refuerzo para el juzgado de especializado en cláusulas suelo «para que sigamos siendo los primeros de España en resoluciones de este tipo», apunta Guadalupe Lorenzo, representante de Justicia de USIPA-SAIF.

La portavoz de los trabajadores está de acuerdo con esta medida, «pero no se puede dejar de nombrar refuerzos para el juzgado de Violencia de Género de Gijón». A este tema también hizo referencia Elena Casas: «Los sindicatos vamos a tener que tomar alguna medida porque se nos llena la boca hablando de la lucha contra la violencia género y luego puede haber errores que lamentar por la falta de personal», señala en alusión a los posibles errores humanos que pueden producirse por la excesiva carga de trabajo.

La suspensión, hace dos semanas, del juicio contra los hermanos Sandulache, acusados de liderar una de las redes de explotación sexual y prostitución «más activas» en Asturias, por un «error humano» en la composición de la mesa del tribunal puso de relieve el grave problema de la falta de personal en Oviedo. El presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto-Jove, afirma tajantemente que se necesitan más jueces: «Sí, a día de hoy y mientras las fases de instrucción sean tan complejas convendría que las secciones penales se reforzasen con un quinto juez para solucionar estos problemas porque siempre vas al límite pero cuando hay bajas médicas se dispara la situación».

La falta de personal también es palpable en los juzgados de Familia. La jueza decana de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, pone el acento en un grupo concreto: el equipo psicosocial. Sus dos únicos psicólogos prestan sus servicios a todos los juzgados de Oviedo pero también a los del resto del área central, a la Audiencia Provincial y a la propia Consejería de Servicios y Derechos Sociales. La situación es tan crítica que no descartan «romper la baraja porque no podemos más», se lamenta para añadir que «esto sería dejar desasistidos a los demás juzgados».

Las deficiencias en materia de justicia en Oviedo llegan hasta los propios edificios que albergan las sedes judiciales. Desde los problemas con la calefacción en las salas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ubicado en la plaza de Porlier, al Palacio de Justicia de Llamaquique. De este último, la queja reincidente es la «disfuncionalidad» del edificio.

También hacen falta espacios reservados para los letrados y sus clientes. La abogada Ángela Fernández pone el acento en la necesidad de crear «un lugar reservado para atender los casos de violencia de género. No existe un espacio para que el abogado pueda hablar con la víctima o con el acusado, dependiendo quién sea su cliente». Y sobre todo esto planea la vieja y necesaria demanda de centralizar las siete sedes judiciales ovetenses.

Precisamente, la necesidad de un equipo psicosocial propio es la demanda más recurrente de los profesionales que ejercen en los cuatro juzgados de Siero, que engloban también a Noreña, Sariego y Bimenes. Los informes se elaboran en Oviedo y pueden demorarse hasta dos años. Tampoco existe un Punto de Encuentro Familiar y el asignado en la capital tiene lista de espera. Y apuntan que quizás podría adscribirse un fiscal para los cuatro juzgados.

El edificio data de los años 70 y presenta deficiencias, que «parchean» distintas empresas de mantenimiento. Se cuestiona la situación del archivo y todos coinciden en que no hay medios técnicos para introducir el expediente digital. Entre las peculiaridades de Siero, la condición de juzgados mixtos impide avanzar hacia la especialización, se comparten cuerpos policiales y comandancias con distintos métodos de trabajo y se tramita un volumen muy elevado de exhortos.

En la comarca del Caudal las quejas vienen de los usuarios de los juzgados de Pola de Lena, donde hay dos de primera instancia. Se trata de un piso ubicado en el edificio de servicios -junto con la Casa de Cultura o la Policía Local- que se encuentra en un estado «incómodo y con una apariencia de ser muy antiguo». Hay poco espacio en las estancias para esperar a la celebración de juicios en la sala de vistas y, en ocasiones, denunciante y demandado se encuentras a escasos metros uno de otro.

En la situación contraria se encuentra Infiesto, donde están de estreno. El mes pasado, se inauguró el nuevo juzgado. Un espacio de 728 metros cuadrados situado en los bajos de las viviendas sociales del barrio de Xudes. Las obras contaron con un presupuesto de 500.337 euros. Era una vieja reivindicación en Piloña, por lo que desde el juzgado reconocen «estar contentos» en cuanto a infraestructuras. «Hemos mejorado bastante porque los bajos del Ayuntamiento eran muy incómodos», señalan.

Además, hay una plaza vacante de oficial de gestor de penal, pendiente de que se resuelva una comisión de servicio. «Se tarda mucho en cubrir la interinidad», aseguran. También afirman que sería deseable que «las personas que atiendan la sustitución en los juzgados, los interinos en este caso, recibieran mayor formación. Cuando vienen a trabajar, hay casos en los que pasa mucho tiempo desde que salen de su último empleo hasta que los vuelven a llamar y se les nota desactualizados».

Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los juzgados asturianos, en Avilés, el juez decano, Ricardo Badás, no ha a recibido ninguna queja formal respecto al edificio, situado en la calle Marcos del Torniello. Sí reconoce que la calefacción es «algo obsoleta», que se estropea en numerosas ocasiones y obliga a los funcionarios a trabajar abrigados. También aprecia un sistema rotatorio de aparcamiento que no es del gusto de todos. El año pasado, el Principado gastó 46.585 euros en mejoras.

Han contribuido a elaborar esta información: Gloria Pomarada, Lucía Ramos, Belén G. Hidalgo, Cecilia Pérez, José Cezón, Marta Varela, Alejandro Fuente y Cristina del Río.