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MARTA VARELA
Domingo, 13 de septiembre 2015, 01:05
«Tenemos una casa, pero no podemos vivir en ella». Así de claro se expresaban ayer Manuela, Ana y Herminia Sebastiao, las tres hermanas que, ya el pasado mes de mayo, fueron desahuciadas de su casa de Barros por el Ayuntamiento de Langreo para cumplir una orden judicial que obligaba a rebajar la altura de su domicilio, pese a haber contado en su día con el pertinente permiso municipal.
1996.
Un vecino de Barros presenta una demanda al entender que las obras realizadas en una vivienda cercana le perjudican.
1998.
Los tribunales obligan al Ayuntamiento de Langreo a rebajar la altura de la casa denunciada, pese a que tenía permiso de obras.
Mayo 2015.
El Ayuntamiento local desaloja a las tres hermanas y su madre de su casa de Barros para cumplir con la sentencia judicial.
Septiembre 2015.
Las tres hermanas recogen las llaves de su casa tras la reforma. Un informe de un arquitecto señla que que no es 'habitable' en la actualidad.
El Consistorio de Langreo realizó gratuitamente los trabajos de reforma, pero el resultado final no ha sido del agrado de las propietarias. Tras recoger este viernes las llaves, acudieron con un arquitecto que tras la visita dictaminó que la misma «no es habitable». Así las cosas, las hermanas Sebastiao tuvieron que pernoctar en otro lugar.
Entre las deficiencias descritas destaca la «mala distribución del cuarto de baño» que no permite la utilización de inodoro, al que hay que entrar «marcha atrás», explican las hermanas. Además se han anulado llaves de la luz, y el acabado del suelo «está lleno de descorchado, faltan rodapiés y hay remates mal colocados».
Manuela, Ana y Herminia reclaman al Ayuntamiento que repare estos desperfectos y «nos deje una casa en la que podamos vivir, nosotras no tenemos la culpa de nada. Nuestros padres hicieron las obras con permiso municipal y ahora tenemos una casa que es una chapuza». Las tres hermanas explicaron ayer que «lo único que queremos es que nos entreguen la casa, sin deficiencias, para que podamos vivir dignamente como lo hacíamos antes de la sentencia»
Los hechos se remontan ya a 1996, cuando un vecino consideró que el aumentó de la altura de la casa le perjudicaba. Llegó hasta los tribunales y, dos años después, una sentencia obligó al Ayuntamiento a derribar parte de la altura del domicilio de esta familia del distrito de Barros, al fallar que se levantó por un error cometido por el propio Ayuntamiento al otorgar indebidamente la licencia. El Consistorio ya desahució a la familia el pasado mes de mayo. Derribó la parteestipulado en la sentencia y adecuó la casa. «Han hecho una chapuza en nuestra casa, no podemos usar el baño, ni dos habitaciones».
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