El Gobierno central adeuda 66 millones de fondos mineros por la obra

La consejera de Fomento aprovechó la entrada en servicio de este tramo de la autovía de Riaño -la duplicación de la calzada de la AS-17- para reclamar al Gobierno central los 66 millones de euros de fondos mineros que corresponden solo a este proyecto y cuya cuantía se ha visto obligado el Principado a adelantar.

«Es una ocasión adecuada para recordar esta deuda después del revés judicial que ha recibido la Administración del Estado por su actitud de incumplimiento con los territorios mineros y con el Principado en relación con los convenios de estos fondos», señaló la consejera. Esta obra forma parte del plan de la minería, figura en los convenios firmados en el periodo 2006-2012.

«Ya es hora de que se siente a dialogar con el Principado para la constitución de una comisión paritaria en la que se aclaren los aspectos documentales y administrativos que sean pertinentes, y para que, de una vez, salden sus cuentas deudoras con la región y con estas comarcas». Recordó que el Gobierno regional ya ha solicitado esta reunión y que los documentos han sido remitidos al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. «Ahora toca ser prudentes y esperar», afirmó.

Sobre esta cuestión también se refirió el representante del SOMA-FITAG-UGT que acudió al acto de entrada en servicio de la autovía. El secretario de Organización y Administración del sindicato, José Luis Fernández Roces, manifestó que el gobierno del Partido Popular «secuestró» los fondos mineros a esta región, y afirmó que el Estado «debe pagar y debe hacer uso de ellos, sobre todo, después de la sentencia que le obliga a ello». Roces, no obstante, se mostró cauto porque «estamos viendo la política que está siguiendo el PP con el sector del carbón y los fondos mineros no iban a escapar a esos recortes».

Tanto la consejera como el responsable sindical hacían referencia a la decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tras desestimar el recurso del Gobierno central contra la sentencia que reconocía el derecho del Principado a recibir hasta 213 millones, cifra destinada a financiar los convenios de las obras que había que ejecutar con cargo a fondos mineros en 2011. El PP anuló estos acuerdos de manera unilateral.