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RAMÓN MUÑIZ
Jueves, 25 de mayo 2017, 02:24
Asturias concentra cinco de las dieciséis centrales térmicas que producen electricidad con la quema de carbón. El dato explica por qué si alguien analiza el perjuicio que causa a la salud este tipo de combustión, lo razonable es que la región se lleve la palma. La confirmación la aporta 'Un oscuro panorama', informe divulgado ayer por el Instituto internacional de derecho y medio ambiente (Iidma), organización no gubernamental con veinte años de actividad, declarada de utilidad pública, y que viene protagonizando toda una cruzada contra la hulla.
Su objetivo es persuadir a ciudadanos y políticos para erradicar el carbón del mix energético antes de 2025. Para ello esta vez dos de sus abogadas y un ingeniero ambiental simularon la difusión de los dióxidos de nitrógeno, azufre y las micropartículas salidas de estas chimeneas. Los mapas resultantes los confrontaron con la información demográfica y epidemiológica de cada provincia. Aseguran haber utilizado una metodología validada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La conclusión a la que les ha llevado es que en España, con los datos de 2014, «las emisiones procedentes de la quema del carbón se pueden relacionar con 709 muertes prematuras, 459 altas hospitalarias por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 10.521 casos de síntomas de asma en niños, 1.233 casos de bronquitis en niños y 387 casos en adultos».
Si este parte se aplica a la población con trabajo, resulta que se habrían concedido 163.326 días de baja. De sumar los costes sanitarios, a las pérdidas económicas debidas a las ausencias laborales, la factura se eleva a entre 880 y 1.667 millones de euros.
El Iidma echa mano de estudios de la OMS y la Agencia Internacional de Energía para detallar que el 82,6% de las 709 defunciones atribuibles a la quema de carbón lo serían por respirar más micropartículas PM 2,5 de lo aconsejable. Estos sólidos o líquidos tienen un diámetro inferior a 2,5 micras (la milésima parte de un milímetro) lo que les permite penetrar en gran parte del aparato respiratorio. En la nariz se quedan las que miden nueve micras o más, en la laringe las que superan los 4,7, hasta las traqueas y bronquios primarios llegan los de 3,3 micras. Las PM 2,5 los recorre todos y puede alojarse incluso en los bronquios secundarios.
A estas micropartículas les pone su lupa el informe para suponer el perjuicio por regiones. Según las estimaciones, en Asturias se les puede vincular 56 fallecimientos registrados en 2014. Equivale a 6,97 defunciones por cada 100.000 habitantes, de largo, la peor proporción del país.
«Una mayor tasa de incidencia se traduce en que la población de una comunidad autónoma presenta un mayor riesgo de fallecimiento en comparación con otra», escriben los autores. «Por ejemplo, las probabilidades de que fallezca un habitante de Asturias son 6,1 veces más altas que las de un habitante de la Comunidad de Madrid», concretan. Se podrá objetar que las centrales térmicas más próximas a la capital están en Teruel y Córdoba, es decir, a más de 250 kilómetros. Sin embargo, el riesgo asturiano también es seis veces mayor que el andaluz, región con tres centrales pero cuya extensión termina difuminando el problema.
«El Gobierno y las comunidades tienen la obligación de proteger nuestra salud y evitar la muerte prematura de cientos de personas», señaló Ana Barreira, directora del Iidma y una de las autoras del trabajo. Su informe confronta las emisiones máximas permitidas a cada instalación con los límites genéricos impuestos por las directivas comunitarias sobre la materia de 2001 y la de 2010. Las instalaciones asturianas están por encima de esos umbrales, pero porque se han acogido a excepciones que lo permiten a condición de hacer las inversiones necesarias o cerrar.
Edp es de las empresas que se han puesto a ello, con la desnitrificación de Soto 3, el grupo 2 de Aboño, y los 90 millones que tiene anunciados para mejoras ambientales.
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