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CHELO TUYA
Martes, 11 de abril 2017, 04:00
«El lunes 3 de abril se están tramitando solicitudes recibidas en noviembre». El Principado no lo oculta. Acumula cinco meses de retraso en la respuesta a esta ayuda, a la que tienen derecho todos los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 430 euros. Es decir, a los que viven con menos de 14 euros al día. Hoy cobran esa paga 20.873 asturianos, aunque los técnicos regionales calculan que el dinero beneficia a casi 46.000 personas.
Tampoco oculta la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, encargada de gestionar esta paga regional, que acumula 2.090 peticiones sin atender. Esa era la cifra de solicitudes pendientes a 31 de marzo. Es la más alta desde febrero de 2015. En aquel momento, el Principado estrenaba una aplicación informática que agilizó la respuesta a la prestación. En el primer trimestre de 2015, el nuevo programa y la incorporación de plantilla recortó el atasco en un 40%.
Sin embargo, desde enero del año pasado los casos sin atender han ido en aumento. Hasta el punto de que, tal y como adelantó EL COMERCIO, en un año se triplicaron. Los últimos datos facilitados por el Principado empeoran aún la situación. Hay hoy 1.600 peticiones más a la espera que en marzo del año pasado. De acuerdo al mismo cálculo que hacen los técnicos, se supone que tras las 2.090 solicitudes que no han sido contestadas hay casi 4.600 personas que viven sin recursos.
Un colectivo protagonizado, mayoritariamente, por titulares de familias monoparentales. El perfil dibuja a una mujer con dos hijos a su cargo, aunque también aparecen las que son responsables de una persona con dependencia.
6.000 revisiones
Los motivos que esgrime el Principado para la demora en la respuesta se centran en un incremento de la demanda, con 16 peticiones al día desde enero, y «la necesidad de reorganizar los equipos de trabajo para reducir el tiempo de tramitación de las revisiones».
Esas, las revisiones, son el talón de Aquiles del salario social en Asturias. Se trata de los expedientes de beneficiarios que tienen algún trabajo temporal. La suspensión de la paga durante ese tiempo lleva consigo el retraso de casi un año en retomarla una vez que el empleo eventual se acaba. La propia consejera, la socialista Pilar Varela, reconoció cuando llegó al cargo que había 6.000 expedientes en revisión. «Y siguen parados por completo, mientras las nuevas peticiones acumulan demoras de hasta seis meses».
Así lo asegura la portavoz de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, un colectivo que aglutina a la mayoría de los empleados públicos de la red social. Con sus datos, Belén Murillo advierte que «el problema sigue», hasta el punto de que «las familias están tocando fondo».
Esta última frase corresponde a la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. Verónica Argüelles entiende que «es necesario un mayor esfuerzo desde la consejería»
Ley de Emergencia Ciudadana
Pero no solo los técnicos levantaron ayer la voz contra la cifra récord de 2.090 casos sin atender. Los grupos parlamentarios salieron en tromba para reclamar «cambios en la gestión» y reclamar trasparencia «para la cifra oculta, la de las revisiones».
Así lo reclamó la portavoz de IU, Marta Pulgar. La diputada reconoce que el colapso del salario social «está siendo recurrente en los últimos meses» y mostró su preocupación «por la cifra oculta, la de las revisiones, que perjudica a los trabajadores con contrato temporal».
Con igual enfado se manifestó la portavoz de Ciudadanos. «¿Dónde está la aplicación informática que iba a mejorar la tramitación del salario social? ¿Está implantada? Parece que no. Falta personal para poner y llevar al día la tramitación», esgrimió Diana Sánchez. En su opinión, «no es aceptable que en abril se estén gestionando solicitudes de noviembre. Meses de incertidumbre para las familias que lo solicitan por la mala gestión».
Un calificativo en el que coincidió con Matías Rodríguez Feito. El portavoz del PP considera evidente «que esta consejera está desbordada y demuestra una vez más su incapacidad para hacer frente a una gestión eficiente del salario social. Estamos cansados de ver mes tras mes como los socialistas se muestran incapaces de dar opciones de empleo». Entiende él que el nuevo atasco «evidencia dos cuestiones: ausencia de políticas activas de empleo en Asturias y la inexistencia de programas personalizadas sociolaborales que incorporen a los perceptores del salario social al mundo laboral, por lo que aventuró que Asturias acabará el año «con una nómina superior a los 120 millones».
Por su parte, Podemos volvió a poner sobre la mesa su propuesta de ley «de Emergencia Ciudadana, que sigue bloqueada y podría ser la solución para agilizar y simplificar los trámites de las personas en situación de emergencia social». Su portavoz, Rosa Espiño, urgió saber «los casos en revisión, que suman esperas de 30 meses».
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