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LAURA FONSECA
Jueves, 23 de febrero 2017, 03:46
Una lista de espera única, con pacientes que ahora no aparecen en los registros oficiales sobre demoras. Ese fue el compromiso adquirido ayer por el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) ante los miembros del dispositivo de listas de espera, integrado por colectivos sociales, vecinales y profesionales. José Ramón Riera indicó que era voluntad de la administración acabar con la llamada lista de espera no estructural, la compuesta por enfermos que por algún tipo de circunstancia salen del listado. Se trata, en la mayor parte de los casos, de enfermos que rechazan ser intervenidos en un centro alternativo, o que piden cambio de cita, o que deben demorar su intervención por petición del médico o del propio afectado. Precisamente, erradicar ese registro 'B', formado por usuarios que ahora no son computados a la hora de calcular las demoras en la sanidad pública, era una de las reivindicaciones planteadas por Podemos durante la comisión de investigación parlamentaria de listas de espera, cuyas comparecencias han tocado ya a su fin.
La intención del Sespa es que una vez que puedan extraer todos los datos informáticos, los de la lista de espera estructural (la que se suele publicar) y la no estructural (solo de uso interno), se confeccione un registro único de demoras. El Sespa no dio un plazo cerrado, aunque confía hacerlo en breve. La propuesta fue bien recibida por el conjunto de los miembros de la comisión de listas de espera, en la que participan la Unión de Consumidores, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Colegio de Médicos y el Colegio de Periodistas.
En el encuentro de ayer, convocado para debatir sobre el decreto de tiempos máximos que elabora Sanidad, quedó reflejada la necesidad de activar un plan general y estratégico sobre listas de espera en los hospitales de la región. Tal y como avanzó EL COMERCIO, actualmente hay 29 servicios hospitalarios que superan las demoras máximas de 60 y 180 días que Sanidad quiere fijar por ley para un conjunto de procedimientos clínicos, terapéuticos y de consultas.
El portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad reconoció el esfuerzo que está haciendo la Administración sanitaria «para alcanzar un consenso». Sin embargo, y pese «a los avances», Carlos Ponte considera que «aún quedan muchas cosas por debatir», como por ejemplo, que el decreto diga que un paciente no entra en lista de espera hasta que firme el consentimiento informado. En su opinión, puede darse la circunstancia de que a los enfermos les hagan firmar ese documento «a la puerta del quirófano, con lo que la lista de espera sería de cero, algo insólito». También exige este colectivo que el órgano de participación contemplado «tenga más competencias y funciones» y, sobre todo, algún peso en las decisiones que se adopten. El último borrador sobre el decreto de tiempos máximos al que ha tenido acceso EL COMERCIO incluye la posibilidad de investigar y auditar a los servicios que no cumplan con las demoras fijadas por ley. Sin embargo, no hace mención alguna a las sanciones.
Atención Continuada
En otro orden de cosas, el gerente del Sespa se reunió también ayer con trabajadores del Servicio de Atención Continuada (SAC) que exigen ser equiparados a sus homólogos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Aunque el Servicio de Salud les da la razón y consideran justa su petición, supedita la homologación a la reforma de las urgencias de Primaria que el Principado prevé llevar a cabo en breve plazo de tiempo. Los trabajadores, médicos y enfermeros, no están conformes con el resultado del encuentro. Por eso se concentrarán mañana viernes ante la Junta, convocados por Usipa y Amesac. Será a las once horas.
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