El decreto sobre demoras máximas en Sanidad entrará en vigor antes de junio

El decreto que regulara por ley que un paciente asturiano no tenga que esperar más de seis meses para ciertas operaciones quirúrgicas y dos meses para consultas y técnicas diagnósticas, entrará en vigor antes del verano. Lo adelantó ayer el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), José Ramón Riera, quien calificó la normativa como «una herramienta muy útil que ha demostrado su eficacia en los países y autonomías que disponen de él».

Asturias es la única comunidad española que carece de una regulación de este tipo. En el Principado, los enfermos que sufren elevadas demoras no cuentan con herramientas legales para reclamar ante el Sespa cuando la espera supera los seis meses o, incluso, se sitúan por encima del año, como sí ocurre en el resto del país. Sin embargo, una vez que se apruebe el decreto de tiempos máximos, los pacientes asturianos podrán exigir ser operados en el plazo máximo de 180 días cuando se trate de intervenciones de cirugía valvular o coronaria, cataratas, prótesis de cadera o de rodilla, y de una histerectomía. En el caso de las consultas externas, el plazo de atención se fija en dos meses para citas en ginecología, oftalmología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, neurología, cirugía general, urología, digestivo y cardiología. De dos meses será también el tope de espera para una colonoscopia, una mamografía, una ecografía, un TAC y una resonancia.

Así viene reflejado en el decreto que la Consejería de Sanidad ha venido negociando con IU, partido que apoyó al socialista Javier Fernández en su investidura como presidente del Principado. Esta negociación exclusiva con un único partido político, tal y como quedó reflejado en la Comisión de Sanidad del pasado lunes en la Junta, no sentó nada bien al resto de grupos, que reclaman que el debate se abra al conjunto del arco parlamentario. «La importancia del tema, como son las listas de espera, lo exige», demandó el portavoz de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé. Pero el Ejecutivo de Javier Fernández no está dispuesto a correr nuevamente ese riesgo, máxime tras el fracaso cosechado en la pasada legislatura, cuando se vio obligado a retirar el proyecto del ley que había presentado ante el Parlamento ante la falta de apoyo político para sacarlo adelante.

El nuevo decreto, el elaborado por la Consejería de Sanidad que dirige Francisco del Busto, será presentado el 22 de febrero ante el dispositivo de listas de espera del Sespa. Si recibe el visto bueno, será llevado al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Queda aún por ver si la norma debe ser enviada al Consejo Consultivo. «De ser así, el proceso no requerirá más de dos meses, por lo que es más que previsible que entre en vigor antes del verano», precisó Riera a preguntas de EL COMERCIO.

Pese a que el decreto establecerá la posibilidad de investigar a los servicios que incumplan de forma reiterada las demoras máximas, «no está en nuestra cabeza poner normas sancionadoras, pero sí que de alguna manera se refleje quien hace las cosas bien y quien las hace peor para intentar mejorarlas», abundó el gerente del Sespa al ser consultado sobre el contenido de la ley, que prevé, a su vez, que los pacientes reciban un certificado cuando entren en lista de espera. Actualmente, ocho servicios del HUCA y dos de Cabueñes mantienen demoras quirúrgicas de más de 180 días y, por lo tanto, figurarían entre los infractores.

Mil pacientes en la lista negra

Por su parte, Podemos reiteró sus acusaciones sobre la existencia de listas 'negras' de espera. Se trata, según señaló el diputado Andrés Fernández Vilanova, de enfermos que rechazan ser derivados y que el Sespa «pasa a lista no estructural». En esta situación, cuatro servicios del HUCA (Traumatología, Urología, Oftalmología y Radiodiagnóstico, según Podemos) «retiraron de su lista de espera ordinaria a más de mil pacientes a lo largo del pasado año». La formación pidió a la Consejería Sanidad información sobre cuantos enfermos hay en esa situación.