María José Abeng pedirá una indemnización por los cuatro años separada de su niño

Un juzgado de lo penal de Oviedo acaba de admitir a trámite la querella interpuesta por María José Abeng contra la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. La asturiana nacida en Guinea demanda a la administración regional por cometer un supuesto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Su escrito recuerda que el 10 de marzo pasado la Audiencia Provincial le estimó un recuerdo de apelación, ordenando que se le devolviera «de forma inmediata» a su hijo, el pequeño Juan F., del que la consejería le había separado nada más nacer, a mediados de 2012. Pese a la contundencia del fallo, la madre no logró volver a reunirse con su crío hasta 186 días después.

Entremedias «tuvimos que plantear varios requerimientos», recuerda Nieves Álvarez, la letrada de la madre. En el momento en el que la Audiencia adopta su decisión, el niño estaba en Valencia, acogido en régimen de preadopción, pero formalmente su custodia la mantenía el Principado. La abogada detalla que hubo un primer requerimiento del juzgado a la consejería para que antes de diez días organizara la entrega del niño pero que no fue atendido. «Luego la juez emitió otro, apercibiendo de la apertura de diligencias penales si antes de tres días no se ponían a ello», abunda. Servicios y Derechos Sociales fijó entonces un día y un régimen de entrega gradual, pero la familia valenciana no acudió a la cita, lo que motivó una orden de busca y localización contra ellos.

El Código Penal castiga con multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años a toda autoridad o funcionario que «se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones judiciales». Álvarez sostiene que es lo que ocurrió aquí, y que la consejera Pilar Varela, como responsable del departamento, deberá comparecer para defenderse. De momento el juzgado lo que ha hecho es solicitar la causa original a sus colegas de lo civil para estudiar con detalle el asunto.

No será el único pleito. La abogada de Abeng prepara una acción de responsabilidad patrimonial para que la consejería le compense por los cuatro años en los que estuvo privada de su retoño. A su favor tienen un informe pericial, firmado por un psicólogo y un trabajador social, afirmando que los Servicios Sociales actuaron de «forma negligente» al separarle del bebé sin ofrecerle alternativas. El dictamen fue avalado luego por la Audiencia y el Tribunal Supremo. También refuerza su posición el hecho de que, desde que recuperó a su pequeño, esté siendo sometida a evaluaciones psicológicas y de los propios técnicos de la consejería. «Todos son favorables a ella, su familia, y el domicilio en el que están; justo los aspectos que antes se alegaban para negarle el ser madre», reprocha Álvarez.