Varela, sobre el caso del pequeño Juan: «La Fiscalía de Menores siempre estuvo de acuerdo con nosotros»

La Audiencia Provincial estimó en marzo que la asturiana María José Abeng no había perdido la patria potestad sobre su hijo Juan F., de cuatro años. Procedía por tanto revocar el acogimiento preadoptivo gestionado por el Principado, un proceso que puso al crío en manos de una familia valenciana dos años y medio antes. Aunque sobre la mesa había informes acreditando la integración del menor con sus padres de acogida, los magistrados consideraron que el interés del menor pasaba por reintegrarse con su familia biológica a la mayor brevedad.

La decisión de los tres magistrados de la Sección Cuarta se fundaba, entre otros dictámenes, en una pericial emitida por un psicólogo y una trabajadora social adscritos a los Juzgados de Gijón y que, tras estudiar el caso y hacer pruebas a la madre, la encontraron perfectamente capacitada para cuidar del pequeño. Los especialistas, además, calificaron de «negligente» el funcionamiento de los Servicios Sociales del Principado. «Cualquier persona con sentido común y con afán de ayudar a los menores podría haber adoptado infinidad de alternativas antes que la de dar al niño en adopción», reflejaron. En la expresión la defensa de María Jesús ve ratificadas sus protestas por el trato recibido, malestar que explica por qué ahora ofrece a la familia valenciana negociar visitas al niño, pero siempre al margen de la Administración regional.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, mantiene sin embargo su defensa por el trabajo realizado. «El sistema de protección de menores no es un sistema que no tenga control, que no tenga supervisión o que no sea compartido», aclaró. «La Fiscalía de Menores por ejemplo ha estado de acuerdo con todas y cada una de las intervenciones del Principado de Asturias en un caso que no es de ahora, de 2016, sino que empieza a finales de 2008», señaló.

La fecha remite al momento en el que María José Abeng, con doce años, denuncia a su madre ante la Guardia Civil por maltrato físico. El Principado suspendió la patria potestad de la madre e ingresó a la chica en un centro de acogimiento donde, tres años después, quedará encinta. Los intentos de la madre por recuperar a María José son todos rechazados, a pesar de que el Juzgado de lo Penal la absuelva en 2010 del delito de lesiones que se le imputaba.

María José da a luz al pequeño en junio de 2012, momento en el que los Servicios Sociales le separan del pequeño, restringiendo las visitas a una hora a la semana. La chica solicita reunirse con el crío en el mismo centro, cosa que le es denegada. Luego pide ampliar el régimen de visitas, recibiendo igual respuesta. Los informes del Centro Materno Infantil por un lado, y los del centro de acogida en el que permanece María José, desaconsejan persistir en la relación maternofilial, lo que motiva el inicio del expediente de preadopción.

Oposiciones sin éxito

Tanto la madre biológica como su progenitora se opusieron, lo que derivó en varios pleitos judiciales. En ellos la posición del Principado es respaldada por la Fiscalía del Menor primero, y por la familia de acogida después. Hay dos sentencias en primera instancia que dan la razón a la preadopción. Cuando el caso se eleva a la Audiencia Provincial es cuando llega la primera resolución favorable a la madre biológica.

«Se han ido tomando una serie de decisiones en todo este proceso, todas ellas avaladas por sentencias judiciales firmes, como es firme esta última de la Audiencia, que está recurrida, pero que es firme», declaró la consejera Pilar Varela. «Nosotros cumplimos sentencias firmes, de la misma manera que hubo sentencia de preadopción fue una sentencia firme, y hubo un acogimiento preadoptivo con una familia tras una sentencia firme», agregó.

«Debemos velar por el respeto a los profesionales del sistema de protección», reclamó la responsable de Servicios y Derechos Sociales. «La consejería que tiene una responsabilidad de la protección tiene a la vez unos sistemas de validación para su acción, que es en este caso la Fiscalía de Asturias, que repito que ha estado de acuerdo con la consejería en todos los pasos del proceso», abundó.

Varela recuerda así que el asunto fue supervisado por distintos trabajadores sociales, psicólogos, y terapeutas. «Hablamos de un proceso en el que ha habido muchos más peritos que los que ahora salen en prensa, que en los distintos momentos del proceso han opinado también de manera diferente sobre este mismo proceso», anotó.

Lo cierto es que el pequeño Juan F., de cuatro años, ha regresado esta semana con su familia biológica, por orden judicial, situación que es provisional. La sentencia ordena a la consejería hacer un «seguimiento y apoyo» a la madre y su hijo, trabajo a realizar bajo la supervisión del psicólogo que calificó de negligente lo actuado hasta la fecha. Este perito debe informar mensualmente al juzgado de la evolución «a fin de que pueda adoptar las decisiones que correspondan en cada momento en beneficio del menor».

Por otra parte la pareja que lo tenía acogido, el Principado, y la Fiscalía de Menores tienen recurrida la decisión ante el Tribunal Supremo.