«Llevo cuatro años luchando por mi hijo»

Dos familias reclaman la tutela de Juan F., un crío de cuatro años que, ajeno al bullicio a su alrededor, en un piso de Oviedo donde nadie pone la televisión, se concentraba ayer en lo que consideraba más importante: ganarle la partida a su primo M., de edad similar, y que juega a ser bombero. «Tú eres como yo», se le ha oído decir, al encontrarse con familiares de igual tez. Esta vuelta a los orígenes de la familia biológica se produce por orden judicial, después de que la Audiencia Provincial de Asturias dictaminara en marzo pasado que había que deshacer los planes que el Principado trazó para Juan F. y su madre, María José Abeng.

La chica tuvo al bebé con quince años, cuando estaba tutelada por la Administración regional en el centro ovetense Los Pilares. Los técnicos de Bienestar Social dictaminaron desde el inicio que María José no debía convivir con su bebé, restringieron las visitas a una a la semana, y observaron. Llegado el momento, consideraron que la chica se interesaba pero no presentaba cualidades para ejercer de madre responsable, por lo que iniciaron los trámites para la preadopción de Juan F.

Comenzó así un sueño ahora truncado para Alberto Bordes y Noelia Estornell, pareja valenciana que estaban buscando adoptar a un niño extranjero. «Fuimos a Oviedo y en todo momento se nos dijo que era para nosotros, para toda la vida», recordaba él ayer, ante las cámaras de televisión. El proceso, afirma, «fue muy rápido». También, ahora se sabe, contrario a los deseos de la madre biológica.

Antes de dictar su decisión salomónica, la Audiencia recabó el expediente sobre María José. Y encontró que «desarrolló, dentro de sus posibilidades (menor de 15 años institucionalizada y embarazada) lo que consideró que podía hacer para no perder a su hijo». Los tres magistrados de la Sección Cuarta enumeran los recursos y protestas que fue planteando la adolescente; también que pidió a sus cuidadores que la «enseñaran a ser madre». La sentencia juzga «efectivamente sorprendente que a pesar de haber solicitado ayuda y asumido culpas por conductas disruptivas, no se le hubieran procurado los medios para alcanzar esas actitudes y aptitudes que insistentemente dice la Administración que le faltan, para posteriormente tras su éxito o fracaso, haber tomado la decisión».

Un matiz. Antes que la Audiencia, el caso lo analizó el año pasado el Juzgado de Primera Instancia número siete de Oviedo. Allí una trabajadora social consideró que María José no estaba capacitada para ser madre, mientras que la psicóloga que la examinó afirmó no haber encontrado condiciones psicológicas incapacitantes. Pese al empate, la magistrada se inclinó por las tesis de la fiscal y el Principado, consideró que María José «estaba incursa en causa de privación de patria potestad» y que por tanto no podía oponerse a la adopción.

Con el recurso sobre la mesa y para resolver el empate, la Audiencia llamó al equipo psicosocial de los juzgados de Gijón. Un psicólogo y dos trabajadores sociales confirman que la mujer «no presenta ninguna deficiencia para el ejercicio de una maternidad responsable». El cuarto en discordia encuentra conflictos psicológicos que no llegan a ser incapacitantes.

«Yo no les di el niño en acogida. A mí me lo arrebataron. No soy yo quien les ha puesto en esta situación», manifestó ayer María José Abeng en una carta en la que reivindica que Juan es su hijo «aunque se me privara de estar con él durante cuatro años». «Solo soy una madre que ama por encima de todo a su hijo, que no ha dejado de luchar por él, desde el mismo momento en el que supe que me lo querían arrebatar», afirma. La madre es taxativa; en unos puntos advierte de que «no voy a permitir una difamación más» y en otros lanza una súplica: «Respétennos y déjennos disfrutar lo que se nos ha denegado por el dragón en estos cuatro años».

«Mi nombre es María José Abeng Ayang, soy española, aunque mi piel sea negra», comienza la versión de una mujer que llegó al Principado con dos años. En el escrito recuerda cómo a los once, «creyéndome la reina del mundo, y ante todo, europea» se enfrentó a las restricciones de costumbres y horas que trataba de imponerle su madre. «Se me ocurrió la 'maravillosa idea' (recuerden que tenía once años) de acudir al puesto de la Guardia Civil, para que dijeran a mi madre que yo no era guineana», evoca.

«Era una 'pobre guineana'»

«Aunque mi madre luchó y luchó por sacarme del centro... solo era una 'pobre' mujer guineana, que vivía entre Suiza (lugar donde trabaja mi padre como ingeniero), España y Guinea». Contaba catorce años cuando en una visita su madre se percató que su tripa no era normal y le instó a hacerse una prueba de embarazo. «Qué curioso que los Servicios Sociales, que querían protegerme de mi propia madre (recuérdese que para ingresarme en un centro de menores, se me había declarado en desamparo), no pudieran protegerme ellos de un embarazo, y ni siquiera se dieran cuenta de que una vida crecía dentro de mí», comenta.

Según recuerda, desde el primer momento «se me dijo muy cordialmente que el niño iba a ser dado en adopción». Ante esa perspectiva optó por fugarse del centro, refugiándose en su país natal, con un tío. La madre y su abogado la convencieron para que volviera «con la premisa de que nunca permitirían que me quitaran a mi hijo».

El parto fue por cesárea «y ni tan siquiera me dejaron ver a mi hijo. Le sacaron del hospital al día siguiente (...) no me dejaron amamantarle, ni acariciarle, ni tenerle conmigo». La asturiana afirma que desde 2012 recurrió «todas y cada una de las resoluciones de la consejería», sin éxito, «por el único motivo de que yo era menor y estaba siendo tutelada».

«Nunca he bebido, nunca he fumado, nunca me he drogado, ni me han maltratado. Aquí está mi cuerpo para hacerme las pruebas que consideren. No me quitaron a mi hijo por tener mala vida. ¿Qué mala vida podría haber tenido interna en un centro de acogida con 14 años? ¿Se preocuparon en cambio de si el padre estaba en el propio centro?», expone.

Abeng no oculta su disgusto con los padres de acogida, a los que acusa de, una vez conocida la sentencia, haber huido e impedido que ambas familias vivieran el periodo de transición dictado por los jueces. «Las sentencias tienen que ser cumplidas por todos, como yo cumplí en su momento, desde que me denegaron las visitas hasta la última resolución judicial».

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