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O. ESTEBAN
Martes, 12 de julio 2016, 02:19
Parece que el actual acuerdo de interinos de Educación cada vez convence a menos gente. Fue firmado en mayo de 2014 por el anterior equipo de la consejería, con el respaldo de UGT y ANPE. El resto de sindicatos no estaba de acuerdo. Tampoco la Asociación de Docentes Interinos de Asturias, Adia. Ahora, la lista de críticos crece en mitad del proceso de oposiciones de Secundaria. Hace algunos días, la presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario, Emma Rodríguez, se preguntaba «¿qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que hace falta un nuevo acuerdo de interinos?». Eso mismo es lo que reclama una nueva plataforma de docentes, que pretende agrupar a interinos de Primaria y Secundaria, que nace de «la rabia» y que está dispuesta a plantear una auténtica «revolución». Lo que sea, dicen, con tal de conseguir un nuevo acuerdo.
Lo cuenta María Teresa Fernández, que se ha convertido en portavoz del colectivo y que ayer se reunió con representantes de CC OO y Suatea. Ambos sindicatos apoyan el objetivo, claro está, porque lo vienen persiguiendo ya desde hace tiempo. Cuestiones ocurridas en estas oposiciones han puesto de manifiesto las limitaciones que el acuerdo actual plantea. Cuentan los docentes casos como el de un aspirante que tuvo que examinarse tan solo unas horas después de que su padre fuera incinerado. Porque esa situación no le eximía de hacer el examen y, en caso de no presentarse, sería expulsado de la lista de interinos. Se suman a las reivindicaciones un grupo de opositores que han sido excluidos del proceso, en la especialidad de Economía, por no haber puesto el título del tema que iban a desarrollar. Igual que quedarán fuera quienes tuvieron problemas con el transporte público el día de las pruebas. «El 90% de los problemas de las oposiciones se solucionarían con un nuevo acuerdo», dice Emma Rodríguez.
Enrique Fernández, de la Federación de Enseñanza de CC OO, lo tiene muy claro: «Hay que derogar el acuerdo de interinos y elaborar uno nuevo», algo que ya le han planteado al propio consejero de Educación, Genaro Alonso, cuantas veces han tenido ocasión. Habla, entre otras muchas cosas, de la necesidad de aplicar la protección de datos, de que los aspirantes puedan acceder a la información de notas y llamamientos por internet, de la necesidad de aumentar las situaciones que eximen de hacer el examen y de que «el consejero tiene que dejar de esconderse en la autonomía de los tribunales para tomar algunas decisiones. Insiste: «El consejero tiene que tomar medidas».
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