Soledad Saavedra: «Han dañado mi imagen por un error de Intervención»

En quince minutos quedó despachada una de las jugadas más extrañas del 'caso Renedo': la declaración como testigo de Soledad Saavedra, jefa de servicio del Instituto Adolfo Posada y mujer del expresidente Vicente Álvarez Areces. Su citación la provocó la defensa del empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez, tras analizar una información contable errónea que el Principado entregó a la Audiencia Provincial poco antes del inicio del juicio.

Hechas las sumas y restas convenientes, resultó que aquel documento atribuía al Adolfo Posada inversiones en muebles por valor de 11,5 millones en cuatro años, gasto desproporcionado para la misión que tiene encomendada, que es la de formar a los funcionarios. Para explicar semejante dispendio, el letrado de Igrafo, Miguel Valdés-Hevia, podía haber reclamado la citación del director del instituto, pero prefirió a Saavedra, maniobra que la abogada del Principado afeó en su día por entender que se trataba de un intento «de politizar la causa».

A la hora de la verdad, la funcionaria poco pudo aportar. Valdés-Hevia requirió explicaciones sobre la compra de muebles y el hecho de que el departamento realizara en diciembre el 38% de su desembolso anual en muebles. «Me limito al área de formación, puedo darle toda la información que quiera porque ese es mi campo y me gusta muchísimo, pero no soy contable», replicó Saavedra.

La jefa de formación dijo que lleva 16 años en este puesto; y que cuando trascendió su citación como testigo en este caso de corrupción solicitó «recurso de amparo a la consejería, porque esto está dañando mi imagen; me pareció una indefensión total». Tras su protesta se le explicó que todo obedecía «a un error, que la Intervención General envió un informe a esta sala que asignaba gastos a unos órganos gestores que correspondían a otros, detectaron que era un error y procedieron a subsanarlo».

La documentación incorrecta es un archivo en formato excell, con 3.353 filas de datos que identifican qué mueble pagó cada departamento y a qué precio. En total detalla los 84,5 millones gastados en muebles entre 2006 y 2009. La información atribuía al Adolfo Posada gastos suyos, pero también otros que en realidad eran para las consejerías de Cultura o Presidencia, lo que habría engordado su inversión final. Una vez revisados los números, Intervención General reconoció que en realidad el instituto destinó en los cuatro ejercicios 249.313 euros a mobiliario.

El Principado reconoció el error ante la Audiencia, pero la citación de Soledad Saavedra siguió en pie dado que el abogado de Igrafo, que fue quien la propuso, se negó a desconvocarla. El interrogatorio permitió a la funcionaria explicar que dispone de un certificado de su secretaria general técnica «señalando que el único órgano con competencias para contratar es la dirección general», y que como jefa de servicio antes de hacer una propuesta para contratar un servicio «por supuesto que tengo que ver si hay presupuesto disponible». Además de Valdés-Hevia, los únicos que preguntaron fueron el letrado de Avall Esteban Aparicio Bausili, y el de Podemos, Alberto Suárez. Éste quiso saber si el puesto que ocupa la testigo es de libre designación, y si su marido era presidente del Principado. «Vengo a hablar como funcionaria pero sí, mi marido era entonces el presidente», repuso ella.

Calígrafos de parte

Con esas palabras el juicio cerró la fase de testigos propuestos por los acusados, abriendo la de peritos. Empezaron los especialistas caligráficos, lo que motivó un agrio enfrentamiento entre el letrado de Marta Renedo y los agentes de Policía.

El letrado logró que el primer perito que analizó los contratos firmados por el ex director general Alberto Pérez Cueto reconociera que la firma del exjefe de Renedo fue suplantada mediante un proceso de fotocomposición, «pero no se quién las hizo». El que atribuyó la fechoría a la funcionaria en otros contratos admitió que la señaló «con carácter estimativo», y que en realidad en los expedientes rubricados por una compañera del departamento «no es descartable que fuera Renedo, pero no hay elementos suficientes».

La polémica se centró entonces en los documentos de apertura de una cuenta en Bankinter. Los formularios se cubrieron a nombre de Severina B., una anciana que nada supo de la libreta. Los peritos policiales achacan a Renedo esa caligrafía. Los especialistas contratados por la funcionaria, Antonio Bernardo Díaz y Alberto Asiaín, rebatieron esa conclusión por basarla en la rúbrica que la víctima había estampado en su última renovación del DNI. «Hay una diferencia de 22 años entre eso y los documentos del banco, es bastante atrevido extraer conclusiones con tanto tiempo de diferencia; la coetaneidad de los documentos es un requisito de la praxis pericial», aseguraron. Para abundar en esa tesis, indicaron que las grafías de los dos documentos de apertura «no tienen nada que ver una con otra», por lo que no serían atribuibles a una sola persona.