El Principado sacará a concurso las vacantes de personal para evitar casos de enchufismo

Las empresas, entes y fundaciones del sector público autonómico han perdido parte de su poder discrecional. El 27 de abril el Consejo de Gobierno del Principado aprobó una instrucción que les obliga a sacar a convocatoria pública cada vacante de personal. La norma precisa que si la oferta es de un empleo indefinido, se anunciará en la web del Principado (asturias.es), divulgándose la lista de candidatos, los miembros del tribunal y las calificaciones que otorguen en las pruebas.

El objetivo es evitar toda tentación de cubrir plazas tirando de enchufismo. En realidad ya existía legislación para desconectar esta vía. Desde mayo de 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público exigía publicar las convocatorias y sus bases, «imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección», «independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección» y criterios semejantes. Los requisitos eran de aplicación «en las entidades del sector público estatal, autonómico y local».

A pesar de su vigencia, el Principado ha tenido dificultades para acatarla. Hace ahora un año el Conceyu por otra Función Pública n'Asturies (Cofpa) interpuso una denuncia sobre el asunto ante la Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública. El colectivo dio el paso tras requerir a 74 empresas, fundaciones y entes autonómicos información sobre los métodos usados para completar sus plantillas.

Solo 19 respondieron a la petición, aportando datos que confirmaban el escaso éxito del Estatuto Básico del Empleado Público. Asturex y la Ciudad Industrial del Valle del Nalón «reconocen la contratación directa, sin convocatoria pública» y la Fundación Comarcas Mineras (Fucomi) alegó que aplicaba una normativa de 2001, según el escrito de denuncia. Posteriormente la Sindicatura de Cuentas avalaría parte de las sospechas. En un informe sobre el ejercicio 2013 de la empresa pública de Servicios del Principado (Serpa) concluía que «se produjeron durante el ejercicio siete altas de personal sin que conste el cumplimiento de los requisitos de igualdad, mérito y capacidad».

Soluciones abiertas

La instrucción recién aprobada vale lo mismo para contratar el personal de base como a los directivos y gerentes. En todos los casos la norma exige un proceso de selección que «podrá consistir en la realización de ejercicios sobre conocimientos generales o específicos, test psicotécnicos, entrevistas o cualquier otro sistema que garantice la adecuación del proceso a las funciones o tareas a desarrollar».

El acuerdo abre la puerta a que la prueba se limite a una valoración de méritos. Según la medida, los procesos de selección serán dirigidos por un tribunal «integrado en su totalidad por personal con vinculación fija de la propia empresa o ente». En ambos aspectos el Conceyu por otra función Pública atisba «un coladero que permitiría legalizar los usos y maneras que vienen utilizando».

«La instrucción es un paso necesario pero tardío, porque desde 2007 ya era obligatorio aplicar unos principios de mérito e imparcialidad; lo peor es que la objetivación ha resultado insuficiente», critica Javier Álvarez Villa, portavoz del colectivo. «La composición del tribunal es endogámica, en vez de buscar profesionales externos, y la posibilidad de resolver el proceso con una entrevista no se sostiene», amplió. La denuncia ante la fiscalía, por cierto, fue archivada «por no tener carácter penal, solo administrativo», informa Álvarez Villa.

La Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural fue la primera en estrenar la nueva instrucción, convocando un concurso para cubrir 12 vacantes de verano en los museos; a los aspirantes los someterá a dos pruebas por escrito para medir su conocimiento cultural y nivel de idiomas. El Serpa le ha seguido con una plaza de seis meses como ingeniero forestal; aquí se valora con un máximo de 35 puntos los méritos del currículum y con otros 15 la entrevista personal. El último en sumarse es Sedes, con contratos de servicio como encargado y jefe de obra; también aquí el sistema consiste en una valoración de méritos y los tres mejores pasan a la entrevista final.