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L. FONSECA
Domingo, 5 de junio 2016, 03:12
33.959 personas se encuentran ahora mismo en Asturias pendientes de una prueba radiológica en el Sespa. De ellos, 12.815 lo hacen por una resonancia magnética y poco más de 10.000, por una ecografía. Para un escáner hay casi 4.000. Si ahora mismo entrara en vigor el decreto de tiempos máximos que fijará en 60 días la espera tope para una prueba diagnóstica, «al menos la mitad de los pacientes estaría en condiciones de exigir ser derivado a otro centro sanitario». Es la evaluación que realizan diversas fuentes hospitalarias con los datos de espera que hay en la actualidad en los diferentes servicios de rayos, y que indican que un 70% de los enfermos con indicación de un escáner, una resonancia, una mamografia, una eco o una colonoscopia «desconocen la fecha de su cita». Es decir, un tercio de los 33.959 enfermos no tiene asignado aún el día en que será sometido a la prueba. Expertos en gestión creen que si el Principado «no organiza bien las derivaciones, el decreto será un tiro en el pie para el sistema público».
Ahora mismo, además de las casi 34.000 personas que esperan por una prueba, el Sespa tiene apuntadas en su lista a otras 18.407 pendientes de ser llamadas. De ellas, 440 acumulan demoras por encima de medio año. Los datos corresponden al mes de abril, cuando la espera media para una intervención en el conjunto del Servicio de Salud estaba en 66 días. Son cinco menos de los que había en marzo. En cuanto a las consultas, las correspondientes a primeras citas, son 68.990 las personas en espera. El promedio en este caso está en los 57,16 días. No obstante, hay especialidades más ágiles o menos saturadas que otras. Por ejemplo, Neurocirugía, centralizada en el HUCA, la demora media está en 115 días para una primera consulta, lo mismo que en Genética. Hay otras con 20 días.
Muchas han sido las valoraciones vertidas en estos últimos días sobre el futuro decreto de tiempos máximos. La Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada (Asencro) considera prioritario «pensar en el bien del paciente» y, por tanto, que el enfermo sea atendido en el menor tiempo posible «siempre». Susana Pérez Alonso, que preside dicha entidad, se congratula de que la normativa introduzca, como peculiaridad, que los enfermos que sean derivados a clínicas privadas no puedan ser atendidos ni tratados por profesionales que compatibilicen su trabajo en la sanidad pública. También estima «vital» que el Sespa establezca mecanismos de control para incrementar la productividad en sus propios quirófanos y consultas.
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