La espera máxima para una operación en el Sespa será de seis meses por decreto

Seis meses (180 días) será el tiempo máximo de espera que la sanidad pública asturiana fijará por ley para una operación cardíaca (sobre todo para implantes de válvulas) o para que un paciente sea intervenido de una prótesis de cadera o de rodilla. El mismo plazo (medio año) se establecerá para una cirugía de cataratas o para una histerectomía. Por contra, para pruebas radiológicas como un escáner (TAC), una resonancia, una mamografía o una colonoscopia, donde ahora se puede llegar a esperar hasta un año, el tope será de sesenta días (dos meses). Por encima de esos plazos, los pacientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) podrán exigir ser derivados a otro centro sanitario, incluso privado, para someterse a la operación o la técnica diagnóstica por la que llevan meses aguardando en la pública.

Estas son las demoras máximas en sanidad que el Principado prevé establecer por ley, siguiendo así el camino iniciado ya por buena parte de las comunidades autónomas. La medida la anunció ayer el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, quien avanzó que el Principado ultima un decreto cuya tramitación iniciará «este mismo mes». No es la primera vez que un gobierno socialista anuncia una norma de estas características. Antes que Francisco del Busto fue Faustino Blanco quien propuso elaborar (de hecho, lo elabaró) un decreto de garantías para el acceso a las prestaciones sanitarias, y antes que él, fue Ramón Quirós. En ninguna de esas dos oportunidades la ley salió adelante y Asturias se convirtió así, junto a Ceuta y Melilla, en la única comunidad sin decreto de tiempos máximos, dejando a los pacientes, por tanto, sin el derecho a poder exigir una demora máxima en su atención como sí ocurre en otras regiones.

Ahora la propuesta vuelve a ponerse encima de la mesa. El disparadero ha sido la pretensión del PP de sacar adelante su propia ley de garantía de prestaciones sanitarias, la cual fija tiempos más cortos de los que planteará por decreto el Gobierno regional. La iniciativa del PP, que se presentará a votación mañana en la Junta, establece una espera tope de 45 días para una consulta y de 120 días para una intervención. La proposición de ley, que podría aprobarse si Podemos, Ciudadanos o Foro le da sus votos (esta circunstancia ya ocurrió cuando Podemos propuso crear la comisión de investigación de listas de espera), generó un sonoro enfrentamiento entre PSOE y PP el pasado lunes en la Junta de Portavoces.

Ayer las críticas llegaron desde el propio Gobierno regional, a través de su titular de Sanidad, quien acusó al PP de querer «favorecer a la medicina privada» y también desde IU, por boca de su portavoz, Gaspar Llamazares, que calificó la iniciativa de «oportunista y privatizadora». Francisco del Busto (consejero), estimó que fijar en 45 días el tope máximo de espera para las consultas y en 120 días el de las operaciones, obligaría a la sanidad pública a «transferir entre 25 y 30 millones de euros» a costear actividad en «la sanidad privada. El PP solo busca favorecer a empresas de capital riesgo», acusó.

Veto a profesionales del Sespa

Una de las novedades que introducirá el decreto asturiano es que los pacientes que sean derivados no podrán ser operados ni atendidos en centros concertados o privados por profesionales que presten servicio en el Sespa. Los sesenta días de espera máxima también se fijarán para una primera cita en Otorrinolaringología, Ginecología, Urología, Oftalmología, Traumatología, Dermatología, Neurología, Cirugía general, Digestivo y Cardiología.

Actualmente, en Asturias hay 440 pacientes (de los 18.407 en lista de espera quirúrgica) que se podrían beneficiar de este decreto, ya que llevan esperando más de seis meses. Pendientes de una prueba radiológica hay 33.959 personas, pero de estas se desconoce la demora ya que el Sespa no facilita ese dato en su web. Para primeras consultas hay 68.990 personas, que aguardan de media 57,26 días.

El anuncio del Principado coincide con la celebración de la comisión de investigación de listas de espera de la Junta y por la que han pasado al menos una decena de comparecientes. Según indicó ayer Podemos, formación que preside el organismo, de lo dicho por los jefes de citaciones y adminisiones del HUCA y Cabueñes en sus declaraciones del pasado martes, «el Sespa mantiene una lista de espera paralela». Asegura el parlamentario Andrés Ron que el Sespa «retira de la lista de espera estructural a aquellos pacientes que rechazan operarse en un centro alternativo al que les corresponde por área sanitaria». El PSOE negó tal circunstancia y acusó a Podemos de «tergiversar».