Las comparencias solicitadas por Podemos encienden la comisión de listas de espera

La comisión de investigación parlamentaria sobre listas de espera no fue capaz de alcanzar un acuerdo sobre quiénes serán llamados a declarar ante la Junta General. Cada uno de los grupos llevaba su propia petición de comparecientes, conformando un abultado número. En total, más de 150 personas, tal y como avanzó ya EL COMERCIO. La más extensa y heterogénea era la de Podemos, con casi un centenar de candidatos, entre los que figuran presidentes del Principado del ámbito socialista como Javier Fernández y Vicente Álvarez Areces (no incluyen, por contra a Francisco Álvarez-Cascos, de Foro) pero también médicos, trabajadores de la sanidad pública, gerentes y pacientes, además de representantes de la medicina privada y de compañías farmacéuticas. Ocho días atrás, el diputado de Podemos y presidente de la comisión, Andrés Ron Vilanova, llegó a anunciar que llevarían al parlamento a varios pacientes que denunciarían haber sido sobornados por médicos del servicio público para que fueran a sus consultas privadas y así eludir las demoras del Sespa. Esta acusación fue la que ayer terminó por crispar, y mucho, los ánimos de los parlamentarios.

Todos los grupos, incluidos los que en su día apoyaron a Podemos y votaron a favor de la creación de esta comisión (PP, Foro y Ciudadanos) recriminaron a la formación morada que intentara «criminalizar a los profesionales sanitarios» y le acusaron de convertir el debate de listas de espera en un enfrentamiento entre la medicina pública y la privada. Las críticas, por tanto, no solo partieron del PSOE (contrario desde el principio a esta comisión) y de IU, que ya la semana pasada había acusado al diputado de Podemos de «patrimonializar la comisión», sino también de grupos que hasta ahora habían mostrado su apoyo.

El PP, a través de Carlos Suárez, defendió que la relación de comparecientes no puede ser una causa contra profesionales del sistema sanitario «criminalizándolos y convirtiéndolos en autores de un fraude».

Una semana más de plazo

En similares términos se pronunció Cristina Coto, de Foro: «El objetivo de la comisión es determinar por qué las listas de espera han llegado a una situación casi insoportable y no convertir esto en una guerra entre pública y privada».

Por su parte, la diputada socialista, Carmen Eva Pérez, se congratuló de haber «conseguido limitar la deriva manipuladora por la que Podemos intentaba conducir a la comisión y que se haya impuesto la sensatez». Se refería la parlamentaria a la decisión de la comisión de tomarse una semana más para intentar consensuar la lista de comparecientes.

Podemos, por su parte, se reafirmó en su postura. Andrés Ron aseguró que «muchos de los males del funcionamiento del Sespa están en la existencia de intereses privados». No obstante, se mostró a favor de «simplificar» su listado y de retirar del mismo casos particulares de pacientes.