Las defensas intentan tumbar una investigación «caótica y exótica»

Destruir la investigación del 'caso Renedo', revisando cada uno de sus folios hasta encontrar ese auto demasiado breve o aquella medida que no se comunicó en plazo. A eso se han dedicado en los últimos meses los abogados de los 13 acusados en el proceso, parte de los cuales expusieron ayer la retahíla de defectos localizados en una instrucción que tacharon de «caótica, extravagante y hasta exótica».

Los especialistas aseguran que Ana López Pandiella y Ángel Sorando, los magistrados que impulsaron la investigación, ordenaron intervenciones telefónicas demasiado pronto, que los agentes grabaron a clientes y abogados hablando, que la entrada y registro a los domicilios se hizo con escritos duplicados y sin comunicar en plazo. Entre protesta y protesta, Sergio Herrero, que representa al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, repartió a todos sus colegas copias emitidas por el banco para que conocieran el saldo de su cliente: «2.309,19 euros, no millones, euros, en una libreta a medias con su mujer, y 672 más en otra personal. Por otra parte deben 7.385 euros».

Las acusaciones asistieron con media sonrisa al recital de sus adversarios, aguardando el turno hoy para dar la réplica. Ocurrió por ejemplo cuando José Carlos Díaz, el representante de Marta Renedo, puso en duda los efectos que la Policía incautó en el despacho de la funcionaria: «Había una chequera y fotocopias de la firma de su jefe; ¿de verdad se pueden creer que alguien como Marta los dejó ahí? Es como si el asesino se deja en el lugar del crimen la pistola, tres pelos y encima escupe». Más grave fue el rostro de las acusaciones cuando Díaz descubrió un detalle hasta ahora ignorado. Según los informes incorporados al sumario principal, los agentes no encontraron nada dentro del disco duro de la ex jefa de servicio; «en un segundo proceso que hemos tenido, sin embargo, sí se sacó esa información», desveló.

Imprescindible, no útil

El centro de los dardos se lo llevaron, sin embargo, las intervenciones telefónicas. La ley exige que este tipo de intromisiones en la intimidad de la persona se adopten sólo cuando no existe otra forma de avanzar en la investigación y hay fundadas sospechas del resultado que puedan aportar. En los autos que autorizaron los 'pinchazos' «no hay referencia a que sean imprescindibles; útiles no basta, porque en abstracto, siempre es útil entrar en casa del sospechoso y escuchar», consideró Herrero. «La Policía pidió intervenir el teléfono de un abogado y los jueces lo consintieron; da pudor escuchar esas grabaciones. Esto es una instrucción en la que todo valía, como un elefante en una cacharrería», ratificó José Carlos Díaz.

«La Policía manejó el procedimiento de principio a fin, con unos instructores que fueron máquinas expendedoras de resoluciones que los amparaban», resumió Miguel Valdés-Hevia. El defensor del gerente de Igrafo dijo haberse sentido «maltratado por el juez, que no me distinguió de mi cliente, y desde el primer día habló de 'chanchullos', 'omertá', 'sobornos', lo que tiene su repercusión en la prensa», relató.

El abogado solicitó a los tres magistrados de la Sección Tercera que reconsiderasen el permiso concedido para retransmitir las declaraciones de acusados y testigos en directo. «Yo tengo funcionarios citados en días diversos, de forma que los secretarios generales técnicos de cada consejería se reunirán con los testigos y revisarán los vídeos, para preparar la comparecencia y evitar que estallen escándalos», dijo.

Ana Muñiz, en representación de María Jesús Otero, coincidió en la necesidad de que los testigos no sepan la versión que aporta quien comparezca antes. Desde ese punto de vista tildó de «inaudito que se permita a un testigo escuchar todas las sesiones»; la referencia apunta a la letrada del Principado, quien ha sido citada a declarar sobre la época en la que coincidió en la Consejería de Cultura con Marta Renedo.

Recursos de apelación

En la sesión de ayer hubo para compañeros de toga, pero también para el presidente de la sala, Javier Domínguez Begega. El abogado de Renedo -que está colegiado en Madrid y no tiene ningún pleito más en la región- recordó que, en su anterior destino, el magistrado resolvió recursos de apelación de las defensas. «El criterio suele ser que una Sala resuelva los recursos durante la instrucción, y otra juzgue», recordó José Carlos Díaz, quien optó por quedarse en la insinuación, sin atreverse a pedir al aludido que se abstenga del asunto.