Cinco años de la redada del 'caso Renedo'

Cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía acuden al piso, en el centro de Oviedo. Son las 12.45 horas y les abre la puerta José Luis Iglesias Riopedre, durante siete años consejero de Educación, puesto desde el que promovió reformas en los cerca de 200 centros públicos bajo su tutela. Con él entraron en el aula el inglés y los ordenadores, las Matemáticas y la Lengua ganaron más horas que en el resto de comunidades (salvo La Rioja) y el fracaso escolar cayó al 18%, la proporción más baja del país. Hace cinco meses que ha dejado del cargo, alegando motivos de salud. Los funcionarios le exhiben sus placas, y aclaran que vienen a detenerle. La magistrada-juez Ana López Pandiella lo ha ordenado porque le cree presunto autor de delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a altos cargos, prevaricación, fraudes y exacciones ilegales.

Hoy se cumplen cinco años desde que la Justicia reajustara así la división de poderes en la región, dando un paso inédito que puso fin a una época. En plena oleada de recortes, Asturias sabrá cómo en los años de bonanza su Administración regional pagó 198.003,38 euros por amueblar el Centro Cultural de Belén de la Montaña, inmueble que tiene la particularidad de no existir. Los periódicos reproducirán que entre las virtudes comerciales del mayor proveedor de muebles se contaba el reparto de 550 jamones a políticos y funcionarios a lo largo de cuatro años. El rechazo social que despierta el caso cambiará la cultura de una Administración pública donde hasta entonces la eficacia era la cualidad que más ascensos propiciaba. Funcionarios y directores generales son hoy más dados a tramitar los expedientes cumpliendo la ley a rajatabla, aunque eso dilate los plazos.

Como todas, ésta catarsis comienza con un sacrificio, el de un político formado con los maristas, fiel en su día a los locales de Acción Católica y que vivió seis años en una residencia religiosa en Ocaña (Toledo). Comunista en la clandestinidad, Iglesias Riopedre había pasado por la política manteniendo intacta su imagen de hombre frugal y ahorrativo. Hay consenso entre políticos y periodistas: «De todos, es del que menos te esperas algo así».

Nunca antes un consejero asturiano había sido privado de su libertad por las supuestas tropelías cometidas con el dinero de todos. Los casos Mercasevilla, Malaya, Pretoria, Gürtel o Palma Arena se leían aquí con el encanto de lo exótico. Cierto es que de tanto en tanto la oposición denunciaba alguna irregularidad, pero éstas terminaban archivadas en la Fiscalía o diluidas en informes burocráticos emitidos por la Sindicatura de Cuentas. Salvando las distancias, Asturias se parecía en la cuestión al Oviedo descrito por Woody Allen, una plaza «bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada, es como si no perteneciera a este mundo (...) como un cuento de hadas».

Al propio Iglesias Riopedre le cuesta verse rodeado de cuatro policías. Indica a los agentes cuál es el teléfono de su letrado y se deja llevar hasta la Jefatura Superior de Policía. «¿Había sido detenido antes?», le requieren. «Varias veces, pero por razones políticas», responde. No lleva ni una hora en la comisaría cuando advierte de sus problemas de diabetes. El médico de la Jefatura lo reconoce y concluye que hay que volver al domicilio para que recoja su medicación. Son las 15 horas cuando los dos agentes que le han escoltado hasta el piso vigilan cómo se inyecta la insulina.

«Un secuestro»

La operación se está desarrollando de forma simultánea, en distintos puntos de la región. Desde primera hora hay agentes registrando las oficinas de Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo) en Oviedo y en Gijón las de Almacenes Pumarín S. A. (APSA). Son cientos sus empleados y a todos se les da orden de no utilizar sus teléfonos móviles, dejar de atender las llamadas y esperar a que termine la intervención. Según los testigos, en la sede gijonesa una trabajadora protesta, dice que aquello es «un secuestro», una vulneración de sus derechos. Es la mujer del entonces secretario general de los socialistas gijoneses y los agentes atribuirán por error a su escritorio una 'agenda rosa' en la que constan los funcionarios y políticos entre los que la empresa repartía cestas, botellas y paletillas en Navidad.

El gerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el dueño de APSA, Alfonso Carlos Sánchez, presencian las operaciones sabiéndose arrestados. A las diez de la mañana la funcionaria Marta Renedo acude a la Comisaría de Policía de Gijón, donde se la ha requerido sin advertirle de que sería detenida en ese mismo momento. María Jesús Otero, la ex directora general que optó por jubilarse el mismo día que dimite Riopedre, cae presa en su vivienda ovetente una hora más tarde.

La noticia empieza a correr entre las elites de la región, ocasionando un seísmo que aún no sale a la superficie. Periodistas y fotógrafos observan los registros en las empresas, pero los portavoces del Cuerpo Nacional de Policía piden tiempo antes de dar una explicación. Presidencia, Delegación de Gobierno y la Federación Socialista Asturiana (FSA) se cruzan llamadas tratando de averiguar el alcance de la operación y los indicios que la motivan. El asunto rompe la agenda de una política regional que ya entonces vivía en estado de ebullición, con un Francisco Álvarez-Cascos que acaba de fundar su propio partido, y unas elecciones municipales y autonómicas a cuatro meses vista.

Iglesias Riopedre es un compañero de partido, el mejor amigo que tenía Vicente Álvarez Areces en su gabinete. Los próximos al presidente lo apuestan todo al error judicial. «Se han equivocado, la Justicia tendrá que pagar por todo el daño que le están haciendo», confiará días después un consejero del Gobierno. El secretario general y candidato socialista no está en cambio para correr riesgos. Antes de 24 horas Javier Fernández comunica la suspensión «temporal» de militancia del exconsejero: «No nos corresponde a nosotros, ni a mí, defender la honorabilidad y el nombre de esas personas detenidas; que lo hagan ellos con la presunción de inocencia que establecen las leyes».

Pero no adelantemos acontecimientos. El descenso a los infiernos de Iglesias Riopedre aquel 24 de mayo es largo. A las 18.04 horas regresa por segunda vez a su piso, en un coche policial, para proceder al registro del mismo. Los agentes habían aplazado la pesquisa porque el único secretario judicial de guardia en Oviedo estaba atendiendo el despliegue en Igrafo. El jubilado utiliza sus llaves para abrirles la puerta y dentro se encarga de tranquilizar a su mujer, Teresa. La esposa pedirá permiso para aprovechar la diligencia y freírle la cena. Él, mientras, guía a los funcionarios por las habitaciones, solicitando que no toquen esos ordenadores, que son de la empresa que tiene su hijo, que «los necesitará para trabajar»; no sabe que los agentes tienen conversaciones telefónicas grabadas que dirigen las sospechas justo a esa sociedad. Al final la comitiva abandona el piso portando los equipos informáticos del hijo y un fuerte olor a aceite.

Como Renedo, Otero, Muñiz y Sánchez, el exconsejero pasará la noche en los calabozos de Gijón, haciendo memoria de los motivos que puede tener la magistrada-juez para tomar esa decisión. Es una pregunta con la que va a tener tiempo de pelear. Al día siguiente se proclama inocente y se niega a declarar; para su sorpresa, la fiscal no se amilana y solicita su ingreso en prisión «teniendo en cuenta las penas que llevan aparejados» los cinco delitos que se le reprochan, «la gravedad de los mismos» y el riesgo de fuga.

Otero y Renedo terminarán también en Villabona, en una serie de decisiones con las que López Pandiella evidencia que los arrestos no fueron un error judicial, que el caso va muy en serio. Tanto, que el asunto irá sumando imputados, hasta pasar de los 30. Diligencia a diligencia, el sumario se expande por un centenar de tomos, con 155 archivadores, 39 cajas, una bolsa de facturas y una caja con archivadores de recibos.

Los documentos retratan una supuesta trama de corrupción de la que durante años, y siempre según la fiscalía, el exconsejero se benefició en forma de contratos y ayudas que APSA e Igrafo prodigaron a su hijo. A Otero se le acusa de amañar contratos, expedientes y facturas para beneficiar a los dos proveedores a cambio de comisiones. Renedo debe responder si se apropió de dinero público valiéndose de la identidad de dos mujeres a las que suplantó.

Defensa de una época

A los tres se les reprochan hechos cometidos a ojos de sus compañeros, sin que nadie diera la voz de alerta. Baste como síntoma lo ocurrido con la funcionaria. El Principado divulga en su página de internet los nombres de todos los que tienen su categoría. Sólo había que introducir esa referencia en cualquiera de las webs gratuitas de información mercantil para conocer que era dueña de Implans Mounts S. L., una empresa imposible, capaz de ingresar en año y medio 861.457,23 euros con un solo trabajador.

La comprobación era sencilla, pero aquella Administración autonómica no estaba hecha para la desconfianza. El sistema de promoción más extendido es el de libre designación, según el cual el director general de turno se hace rodear de los funcionarios afines, los que más rápidamente le solventan las obras. Es una época en la que E. V. A., jefa de servicio, comparte coche con su superior y le facilita el teléfono de su marido si éste tiene un trabajo urgente que pueda solventarle la empresa del esposo. C. L. T. por su parte firma facturas que da por buenas, a sabiendas de que son de una obra que la consejería encargó y luego supo que era imposible de materializar; para no tener que rescindir el encargo, al contratista se le había pedido que llevara sus máquinas a otro punto donde también hacían falta. Sus casos han sido juzgados en los últimos meses, siendo absuelta la primera y asumiendo la segunda una sentencia que reconoce que no se quedó un solo euro.

Otero, Muñiz y Sánchez admiten que hay descuadres en los contratos que tramitaron, pero que son los propios de una época donde, para gestionar con eficacia, a veces se adelantaba un año la obra de un colegio y se pagaba, al curso siguiente, apuntándosela a otro. La Audiencia Provincial examinará si estos pecados eran individuales o colectivos en un juicio que pretende prolongar durante cuatro meses, para poder escuchar lo que recuerdan unos 180 testigos.