«Si no es su firma, no me queda más remedio que reconocer mi error»

Todo parece que se debe a una confusión de Carlos Fonseca a la hora de atribuir las actuaciones de los fiscales en el caso de uno de los últimos ejecutados por el régimen franquista el 27 de septiembre de 1975. En su libro 'Mañana cuando me maten', el autor indica que Ángel Aznárez, entonces fiscal militar y en la actualidad magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), habría solicitado la pena de muerte para los cinco acusados del asesinato de un policía armada, el 14 de julio de 1975, si bien al final solo uno de ellos, José Humberto Baena, fue ajusticiado.

Ángel Aznárez negó cualquier responsabilidad en este asunto, tal y como publicó ayer este periódico. Al parecer, Carlos Fonseca recopiló en su investigación para el libro el índice de la causa, en el que se designa a Ángel Aznárez como fiscal en el sumario. A partir de ahí, le atribuye la autoría de todos los documentos firmados por el fiscal, que solían ir precedidos por una firma difícilmente legible y sin nombre mecanografiado. La calificación provisional del caso, en la que se incluye la petición de las penas de muerte, parece estar firmada por el fiscal jefe, Ramón González-Arnao, y no, como se indica en el libro, por el actual magistrado del TSJA.

Como referencia

Carlos Fonseca explicó ayer a EL COMERCIO que, si esa firma «no es la suya, entonces es que hubo escritos que firmó otro fiscal». Es más, aseguró que para redactar el libro «tomé como referencia su nombramiento y en base a ello le atribuí los escritos firmados por el fiscal».

A la vista de lo publicado ayer en estas páginas, en las que Ángel Aznárez aseguraba que su intervención en aquel asunto se limitó a presenciar la autopsia realizada al policía armada asesinado y a asistir a la toma de declaración de los acusados, Carlos Fonseca manifestó que, «si no es su firma, no me queda más remedio que reconocer mi error y pedir disculpas».

En cualquier caso, el autor apunta que en su último libro «me limito a describir los escritos de la fiscalía y opino que varias peticiones de muerte se sustancien en tres folios y, además, con la renuncia del fiscal a la práctica de prueba, me parece una muestra de cómo se las gastaban en aquella época».

Actuación limitada

Ángel Aznárez nunca negó que ejerciera como fiscal militar poco después de terminar la carrera de Derecho, no en vano, fue el número 1 de su promoción en el Cuerpo Jurídico Militar, en 1973, si bien su paso por el Ejército fue breve, ya que en 1977 ingresó en el Cuerpo Notarial. Tras pasar por diferentes destinos, entre ellos Barcelona, en 1987 recaló en Gijón y desde 2014 ocupa la plaza en el TSJA que había quedado vacante dos años antes tras el fallecimiento de José Manuel Buján.

Su intervención en los casos que culminaron con los últimos fusilamientos del franquismo se limitó a participar en una autopsia y en la declaración de los acusados de uno de los cuatro procesos que culminaron en otros tantos consejos de guerra. Esos procesos judiciales terminaron con el fusilamiento de los miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García, así como de los etarras Jon Paredes y Ángel Otegui. Los ajusticiamientos tuvieron lugar en Madrid, Barcelona y Burgos, y generaron meses muy convulsos en España, con varios asesinatos.