La Fiscalía señala a los cargos nombrados 'a dedo' como una fuente de corrupción

La corrupción es un «problema estructural», que exige de reformas legales, más policías especializados, y mejores controles dentro de la Administración. Así lo apuntó ayer María Esperanza González, la fiscal especialista en delitos contra la Administración pública. Ocupa la plaza desde el pasado mes de mayo, cuando la fiscal superior del Principado, Esther Fernández, consideró que la «avalancha» de denuncias sobre cohechos, malversaciones y otras prevaricaciones estaban adquiriendo envergadura suficiente como para especializar en el asunto a una de sus mejores colaboradoras. De momento, en ocho meses lleva 41 diligencias de investigación emprendidas y 21 instrucciones judiciales supervisadas.

Ambas comparecieron ayer para hablar claro sobre el asunto. Entre las principales fuentes de corrupción, González identificó la querencia de los cargos políticos por rodearse de funcionarios nombrados 'a dedo', esto es, por procedimientos de libre designación entre todos los empleados públicos con categoría suficiente para el puesto. «Es un fenómeno general, que ocurre en toda la Administración pública, donde se nombra mucho cargo de confianza, dejando de lado a ese funcionario de carrera, que tiene su puesto ganado por oposición, y no tiene especial interés en ser favorable al político de turno», explicó.

Esta dinámica propicia que «en el devenir político el alto funcionario especializado quede arrinconado, lo que es un error», indicó. «Entiendo que es más cómodo para el político tener a alguien afín a sus intereses, pero luego las consecuencias de esas afinidades son la consecución de determinados delitos, como los fraccionamientos de contratos o las resoluciones que vulneran todos los principios del derecho administrativo», abundó.

Esperanza González requirió «mucha menos libre designación y más profesionalización» a la hora de repartir ascensos en la función pública. También urgió a los consejeros a respetar los criterios de los altos funcionarios: «Observamos que ante un informe negativo de Intervención general y de la Secretaría general técnica, una y otra vez, la resolución política al final es positiva».

Reparos de fondo

Los comentarios no son gratuitos. Durante la última década ha sido una constante que la oposición cargara contra el Gobierno por desoír los reparos puestos por los altos funcionarios a este o aquel contrato. Los Ejecutivos autonómicos defendían que si la legislación les faculta para saltarse esos informes en contra es porque estima que su autonomía política prevalece en caso de discrepancia.

Los nombramientos por libre designación también han sido un clásico entre los reproches de oposición y sindicatos. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) como el Tribunal Supremo han tumbado recurrentemente tandas de nombramientos de más de 300 jefaturas de servicio decididas bajo este procedimiento. «Afortunadamente ahora hay más controles, y eso tiene que ir funcionando», concedió la fiscal superior.

Reforma legal

Es lugar común ver a la fiscalía como un organismo dependiente del Gobierno central, dado que el ministro de Justicia de turno es el que nombra al fiscal general del Estado. Ayer Fernández y González evidenciaron independencia suficiente como para criticar públicamente la última reforma del Código Penal.

«Es cicatera y populista», afeó González. La especialista en delitos de corrupción estimó que el tratamiento de la financiación irregular de los partidos se ha quedado «enormemente corta; se sanciona al que financia al partido político, pero no al partido político que se ha financiado irregularmente». La norma es «cicatera» por no incluir nada sobre los sindicatos. «¿Qué ocurre con ellos? ¿No hay irregularidades en los sindicatos? Pues los sindicatos no existen en la reforma; es curioso cuando menos», expuso González.

La especialista lamentó que no se aprovechase la reforma para agrupar todos los delitos de corrupción en un título propio, donde «el bien jurídico a proteger sea el Estado de derecho». Actualmente la prevaricación, cohecho y financiación irregular están dispersos en el código penal y «protegen el buen funcionamiento de la Administración», una relevancia inferior a la aconsejada «por los convenios internacionales que firma España».

Sobre casos concretos que tiene sobre la mesa, González reconoció haber puesto la denuncia contra la diputada Dolores Álvarez Campillo, por la supuesta anulación irregular de multas durante su etapa como alcaldesa de Llanes. Llegados a este punto ambas fiscales se negaron a hacer pronóstico alguno sobre cuándo podrá celebrarse el juicio por el 'caso Renedo'. «Sería como hacer brujería», ironizó la especialista en corrupción.