El Gobierno central eleva de 16 a 18 la edad para autorizar o rechazar tratamientos médicos

Desde el pasado mes de julio, las jóvenes de 16 y 17 años que se vean en el trance de tener que interrumpir su embarazo necesitan contar con el consentimiento de sus padres. El Ejecutivo central del PP, tras meses de polémica, logró sacar adelante sus tesis más conservadoras y modificar la Ley del Aborto aprobada durante el Gobierno de Zapatero, que permitía que las menores de 16 años pudieran abortar sin la autorización paterna o materna. Ahora, el Gobierno de la nación ha dado un paso más allá y ha elevado de 16 a 18 años la edad legal para poder autorizar o denegar tratamientos médicos, tanto en chicas como en chicos. Es decir, que hasta alcanzar la mayoría de edad (los 18), en España serán los padres o tutores quienes decidan en asuntos relacionados con la salud de sus hijos, incluida la reproductiva.

La reforma legal, que diferentes expertos consultados por EL COMERCIO aseguran que «es de un calado tremendo», ha sido aprobada por sorpresa y sin dar publicidad alguna de la misma, ni en foros jurídicos ni tampoco sanitarios, donde tendrá que ser aplicada. El cambio legislativo fue introducido como una disposición adicional dentro de la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia aprobada el pasado 28 de julio y que regula fundamentalmente aspectos relacionados con la guarda y adopción de menores, el enjuiciamiento civil y la protección jurídica del menor. El caso es que en esa ley, en sus disposiciones adicionales, el Gobierno optó por cambiar otros conceptos legales importantes, entre ellos el referido a la edad para dar consentimiento sobre un tratamiento médico. El abanico es ciertamente amplio ya que va desde autorizar o rechazar una terapia hasta someterse a una operación, interrumpir un embarazo o iniciar cuidados paliativos.

Ley de Autonomía del Paciente

Desde 2002, cuando la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor (PP), promulgó la Ley de Autonomía del Paciente, los jóvenes de 16 a 18 años tenían capacidad legal para decidir en cuestiones de salud. En caso de discrepancia con el criterio paterno y de conflicto, era la voluntad del menor la que primaba. Así estaba establecido en el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente. Pero desde el pasado 18 de agosto, cuando la nueva Ley de Infancia y Adolescencia entró en vigor, ya no es así. Ahora hace falta tener 18 años para poder decidir sobre un acto sanitario considerado de riesgo grave.

De esta forma, el Gobierno acaba con la figura del 'joven maduro' que España vino aplicando en los últimos trece años. Diversas fuentes consultadas consideran que el cambio obedece a dos motivos: por un lado, a la voluntad del Ejecutivo de equiparar la edad legal de los jóvenes con la fijada para el aborto, como también a la necesidad de atender a una circular de la Fiscalía General del Estado que pedía retirar la capacidad de decisión en los casos de menores de 16 años Testigos de Jehová que se negaran a someterse a una transfusión o un tratamiento.

En todo caso, desde Asturias, diversos especialistas en la materia censuran la forma en que fue aprobada la modificación. «Lo hacen en verano y sin dar publicidad alguna cuando se trata de una reforma de un calado tremendo, tanto el tema de los jóvenes como del consentimiento informado para población adulta», apunta Sergio Gallego, presidente de la Comisión Asesora de Bioética del Principado.

Contra la Comisión Europea

Similar opinión mostró el médico asturiano Pablo Fernández Muñiz, miembro del Comité de Bioética de España y que «a título personal» asegura que la decisión de elevar la edad de 16 a 18 «va en contra de los criterios de la Comisión Europea que insta a los Estados miembros a fomentar la autonomía de los jóvenes». Este facultativo explica que «el paciente joven ya no decide pues el consentimiento lo prestará el representante legal del menor». Además, la decisión no puede ser otra, añade, que «la que se considere con mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Es decir, se amplía el proteccionismo que se aplica a los niños más pequeños».

Desde el Comité de Bioética de España se estaba elaborando un informe sobre la toma de decisión en salud por parte de niños y jóvenes, pero el Gobierno ha decidido sacar adelante la reforma legislativa sin esperar a conocer la opinión de los expertos. En este sentido, Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), afirmó que el cambio «es una clara limitación de los derechos del menor». El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, detalló, aboga por la figura del joven maduro. También la Unión Europea, recordó, fomenta apoyar la participación de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones. «La nueva ley es paternalista y proteccionista y pretende jugar con el lenguaje, ya que por un lado retira el derecho del menor a decidir, pero por otro dice que debe ser escuchado».

Quien también criticó con dureza la reforma legislativa fue el presidente del Conseyu de la Mocedá. «Se trata de una decisión ideológica, que va en consonancia con los cambios de la ley del aborto», opinó Javier Suárez Llana, quien recordó que «a los 16 años puedes emanciparte, trabajar y tener responsabilidad penal, pero no puedes decidir en cuestiones de salud. Es hipócrita y su objetivo principal es incidir en aspectos que tienen relación con la salud reproductiva de los jóvenes».