La Sindicatura detecta irregularidades del 'caso Renedo' también en Consumo

Las relaciones entre la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo y el grupo empresarial La Productora son abundantes en «irregularidades e incidencias» que daban ventaja al contratista frente a sus competidores. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Sindicatura de Cuentas tras analizar 14 contratos que el departamento confió al conglomerado societario desde 2002. «Con carácter general se ha constatado una falta de concurrencia y de negociación real» en los procesos de adjudicación», dicen los auditores. La consecuencia es que la administración licitó los trabajos por un importe conjunto de 1.050.313 euros y, pese a pedir varias ofertas, al final los contrató en apenas 560 euros menos.

La rebaja es pírrica en parte porque los contratos que se tramitaron bajo el procedimiento «negociado sin publicidad» incurrieron en una particularidad. La legislación exige que la administración convoque al menos a tres contratistas distintos y les pida precio. En tres de los encargos adjudicados bajo esta fórmula se solicitaron las ofertas «a las tres mismas empresas, estando dos de ellas vinculadas al grupo La Productora». Esta manera de operar «contraviene la aplicación de los principios de proposición única, concurrencia e igualdad», señala el informe.

Modificado injustificado

El contrato que más dinero procuró al grupo societario se adjudicó en 2004 y tenía dos años de vigencia con otros dos de prórroga. Fue resuelto como procedimiento restringido, debía dotar de personal a los Centros de Formación para el Consumo, y el precio suscrito fue de 670.618 euros. La Sindicatura ha encontrado que el expediente fue «objeto de una modificación que incrementa su importe en un 23,34%. Se aprecia falta de motivación tanto de la modificación como de la valoración económica de la misma, ya que se basa en la apreciación de necesidades nuevas que no son tales, pues ya estaban contempladas en los pliegos del contrato original, siendo obligaciones del propio adjudicatario».

Los síndicos subrayan que hubo una «ausencia de control» en la ejecución de los encargos. Tal es así que «no se ha podido constatar la existencia de los programas de trabajo de obligatoria elaboración y presentación por parte de la empresa ni su correspondiente aprobación por parte de la Agencia».

Esa falta de control contamina otros expedientes. Fueron cuatro los procedimientos negociados que acabaron en favor de La Productora, por 205.297 euros, y en tres de ellos «se aprecian indicios de fraccionamiento». Con este nombre se conoce a los intentos por parte de la administración de dividir de manera artificial un trabajo en varios contratos, para evitar los trámites -generalmente más rigurosos- que ocasiona un solo contrato de mayor cuantía. En Asturias esta definición administrativa se popularizó cuando la comisión de este delito supuso la condena del entonces diputado y portavoz de IU, Ángel González, quien se vio obligado a entregar el acta.

Falta de pruebas exigidas

En otros trabajos confiados a La Productora, los auditores admiten no poder afirmar con seguridad su plena realización: «Si bien consta en todos ellos acta de recepción, no se ha obtenido documentación que acredite la efectiva realización de la prestación en tres de los cuatro expedientes, pese a así requerirla los pliegos». El descontrol llega al punto de que los síndicos encontraron trabajos aparentemente contratados dos veces.

El informe fue realizado a petición de la comisión de investigación que el Parlamento asturiano creó en 2012 sobre la supuesta trama de corrupción del 'caso Renedo'. Los diputados apreciaron irregularidades en la Agencia de Consumo y solicitaron que la Sindicatura las valorase. El mandato de la Junta exigía también una revisión de los contratos entre el Idepa y APSA, cosa que los auditores soslayan ateniéndose a la literalidad del encargo y señalando que la empresa de muebles no suministró la decoración del instituto de promoción económica.