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L. FONSECA / O. SUÁREZ
Miércoles, 1 de abril 2015, 00:14
El conflicto del servicio de radiología del Hospital Universitario Central de Asturias lejos de encontrar la calma, se agudiza. Desde ayer, cinco radiólogos de la clínica privada E-Diagnóstic, de Hospitalet de Llobregat, tienen acceso directo al sistema EOS del HUCA y ya han comenzado a analizar las resonancias pendientes de los pacientes asturianos.
Esta práctica para conseguir reducir el número de pruebas que se acumulan sin informe médico podría «vulnerar la legalidad», tal y como consideran desde el servicio de radiología. Los profesionales sanitarios señalan que el acceso del personal de esta clínica podría suponer una vulneración de la Ley de Protección de Datos. «Es grave que la información de los pacientes ande pululando por ahí y no se sepa a dónde va», lamentan, al mismo tiempo que recuerdan que los radiólogos del HUCA no pueden acceder a los informes médicos de sus pacientes desde sus casas y, sin embargo, «sí lo podrán hacer estos doctores privados». «Así funciona la telerradiología», ironizan.
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Desde la gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) explicaron ayer que la clínica catalana ha resultado adjudicataria del concurso al que se han presentado también dos empresas asturianas, «tras haber ofertado el menor tiempo de respuesta en la elaboración de dichos informes y la mejor oferta económica, en concreto, hasta un importe máximo de 18.000 euros». Intentar aclarar, además, que «la empresa tendrá un acceso restringido al caso que tiene que informar y en ningún momento accederá a la historia clínica completa de los pacientes. Sus informes serán enviados por fichero encriptado e incorporados en la historia clínica de cada paciente, con el objetivo de dar a los ciudadanos una respuesta adecuada en tiempo y forma a sus necesidades».
El Sespa insistió en que se trata de «una solución coyuntural», puesto que «se enviarán aquellas resonancias magnéticas incluidas en un listado revisado por el responsable del Servicio de Radiología del HUCA, de acuerdo a las características clínicas de cada caso y a las necesidades del propio servicio. La solución óptima podría ser el desarrollo de un centro de lectura radiológica propio y centralizado para todos los hospitales públicos del Servicio de Salud.
El Sindicato Médico Profesional (Simpa) denuncia que «se trata de una evidente privatización del servicio». No solo critican la presunta vulneración de la privacidad del usuario, sino también el coste que implica la «externalización». «Con el dinero que se pagará por ellos, seguro que los radiólogos de aquí lo hubieran hecho», dicen.
El HUCA acumula entre 600 y 800 resonancias ya hechas que carecen de informe por el déficit de especialistas. La mitad de las pruebas son de pacientes citados en fin de semana y que fueron sometidos a las pruebas sin la presencia de facultativos. Personal y sindicatos alertan que «se vulnera la normativa y constituye un acto ilegal». El plan de choque contra las demoras radiológicas ideado por el Servicio de Salud y aplicado por el HUCA enfrenta a los médicos y técnicos con la dirección del hospital y no tiene visos de mejora.
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