La oposición apoya la Ley de Servicios Sociales con duras críticas al Principado

Asturias tendrá una reformada Ley de Servicios Sociales. El último Pleno de la legislatura, el que se celebrará el próximo día 20, servirá para que el Parlamento asturiano dé luz verde a un nuevo texto legal que blinda a las entidades del tercer sector. Así lo confirmaron ayer a la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad -formada por Una Ciudad para Todos, Ascivitas, Rey Pelayo, Apta, Sanatorio Marítimo, Fundación Siloé y Don Orione- los portavoces de Foro, PP, IU y UPyD.

No obstante, los cuatro grupos dejaron claro que su apoyo al texto que ha presentado, 'in extremis', el PSOE es, «simplemente», para «favorecer a las ONG», no porque estén de acuerdo «ni con las formas ni con el fondo» de la propuesta socialista. Es más, los portavoces de todos los grupos han anunciado que la aprobación de la reforma será utilizada para una reprobación en la sombra a la consejera y «contra la política privatizadora»».

Así lo confirmaron los portavoces a los integrantes de la Plataforma, entidad que aglutina el 80% de las plazas de residencia y centro de día para personas con discapacidad. Las siete ONGs esperaban su aprobación en junio pasado porque pactaron un texto con todos los grupos, salvo el PSOE, que fue presentado por UPyD. Finalmente, no salió adelante porque el PP sumó sus votos a los socialistas.

Transporte, en el aire

Este hecho le fue recordado ayer a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, que mantuvo, como el resto de grupos, un encuentro con los integrantes de la Plataforma. «Al PP le hemos dicho que nos alegramos de saber que nos consideran importantes, pero que lamentamos que no hubieran estado a nuestro lado en todo el proceso», explicó el portavoz, Carlos Aller.

Con el resto de grupos, las ONG coincidieron en la sensación de que «se podía haber hecho mejor» y que todos votarán a favor de un texto, en el que no es posible debate, para que las empresas sin ánimo de lucro, las que desde hace décadas ofrecen servicios para discapacidad, infancia y personas en riesgo de exclusión, tengan prioridad en gestionar recursos públicos para los colectivos de los que son especialistas.

Un apoyo el de los grupos que también fue destacado por el Comité de Representantes con Discapacidad (Cermi), ente que no ha apoyado la batalla dada por la Plataforma a favor del cambio legal. De hecho, las siete ONG siguen a la espera de poder paralizar la privatización de las rutas de transporte y de los pisos tutelados para discapacidad.