Bienestar dará prioridad a las ONG en servicios sociales sin cerrar la puerta al sector privado

En el último segundo. El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la reforma de la Ley de Servicios Sociales. La que, desde el 10 de octubre de 2013, le exigió hasta en cinco ocasiones el Parlamento asturiano. La que le reclamaron con manifestaciones, protestas y un duro manifiesto la casi totalidad de las entidades sociales de la región. Temían las ONG la entrada del sector privado en los servicios sociales asturianos. Y no se equivocaron. Cuando el último pleno de la legislatura, el del próximo día 20, apruebe el nuevo texto legal, el transporte y los pisos tutelados de discapacidad estarán ya en manos de empresas con ánimo de lucro.

Porque 24 horas antes de llevar al Consejo de Gobierno la reforma legal, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, la socialista Graciela Blanco, firmó la adjudicación a tres empresas privadas de los pisos tutelados para personas con discapacidad que ofrecían en Gijón, Langreo y Avilés otras tantas ONG. Solo el abierto en el concejo de San Martín seguirá en manos de la entidad social que lo fundó: la Asociación Rey Aurelio. Todo apunta a que las rutas de transporte, aún sin adjudicar, sigan el mismo camino. «Las entidades lo saben».

Así lo afirmó Blanco en Noreña, donde ayer se reunió el Consejo de Gobierno. Allí dijo que la reforma «dará prioridad, siempre que existan análogas condiciones de eficacia, calidad y de rentabilidad social, a las entidades del tercer sector».

Una «prioridad» que, aunque alabada por las entidades sociales, «convence poco» al tercer sector, porque «deja la puerta abierta a la entrada del sector privado». Lo dicen porque en el reformado artículo 44 se deja claro que «se reconoce el derecho de la iniciativa privada a participar en los servicios sociales mediante la creación de centros y servicios y gestión de programas».

Para Carlos Aller, portavoz de la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad -la entidad formada para la reclamación de este cambio legal y que forman las siete entidades que aglutinan el 80% de las plazas de centro de día y residencia: Apta, Siloé, Una Ciudad para Todos, Sanatorio Marítimo, Don Orione, Ascivitas y Rey Pelayo- «es un paso adelante, aunque no recoge todo lo que habíamos pedido».

Reunión exprés el martes

No opina eso la consejera, quien aseguró que no solo «esta modificación responde a la demanda que nos han planteado las entidades», sino que dijo de ella que «es muy trabajada» y que, para su redacción, «hemos contado con las entidades».

Una verdad a medias, puesto que del texto original presentado por las entidades sociales poco queda en la reforma final. Sí figuraba íntegro en la proposición no de ley planteada en junio pasado por UPyD y apoyada por Foro e IU. En aquel momento, no salió adelante por el rechazo del PSOE y del PP. Las mejoras más valoradas por las ONG en el texto que vio la luz ayer son, precisamente, las incluidas a última hora del martes en una reunión exprés mantenida por las entidades sociales y la propia consejera.

Críticas del Consejo Consultivo

De esa cita destacan como clave la inclusión de la figura del concierto social, «una modalidad diferenciada a la del concierto generalizado», señaló Blanco. Diferentes portavoces de las entidades sociales creen que «logramos incluir la explicación de entidad social e impulsar el concierto social», pero «no estamos blindados al cien por cien».

Algo que también comparte el Consejo Consultivo, quien desvela que la norma fue rechazada hasta en tres ocasiones por el Consejo de Gobierno antes de aprobarla ayer, a la vez que califica de «deplorable» la actitud del Letrado de la Junta.

Tampoco están conformes los portavoces de IU y de UPyD. Mientras desde el Grupo Mixto Ignacio Prendes señaló que «es impresentable el procedimiento que se pretende imponer», la aprobación sin debate en el último pleno, para la diputada de la coalición, Noemí Martín, lo presentado ayer por el Principado es «un clon de la ley balear», que «aprobaremos con la nariz tapada, porque es indignante lo que han hecho». Se refieren ambos a que, con la ley planteada en junio pasado, se hubieran evitado los concursos de privatización de transportes y pisos tutelados. «El daño ya está hecho. Para los concursos no hay marcha atrás».