Bienestar estudia frenar los concursos de discapacidad mientras Podemos los denuncia a la UE

Bienestar abre la puerta a frenar los concursos para privatizar los servicios de transporte y pisos tutelados para discapacidad. Aunque la Consejería de Bienestar Social y Vivienda mantiene que ambos procesos «continúan», también dejó claro su compromiso a que la reforma de la Ley de Servicios Sociales que los harían innecesarios «se aprobará en esta legislatura».

Así lo aseguró la titular del departamento, Graciela Blanco, a la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad, con los que mantuvo una reunión en Oviedo. Era la primera vez que la consejera escuchaba a los integrantes de la misma, los representantes de las ONG que ofrecen la mayor parte de plazas residenciales y de centro de atención en la región. Raúl Cantero (Sanatorio Marítimo), Asun García y José María Mori (Una Ciudad para Todos), Susana González y José Antonio García Santaclara (Fundación Siloé), Ignacio Baizán (Apta), Alejandro Alonso (Rey Pelayo), José María Alonso (Ascivitas) y Pedro Llaca (Don Orione) le instaron a paralizar ambos concursos, así como aprobar la reforma legal, solicitada ya hace dos años.

Además de comprometerse a llevar a la Junta la ley, Blanco también organizó una reunión a tres bandas entre la plataforma, su consejería y la de Fomento, para analizar la situación del servicio de transporte que ofrecen las ONG y que, aseguran ellas, «es completamente legal».

Pregunta en Bruselas

Justo una hora antes de que la consejera se reuniera con la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad, la eurodiputada asturiana por Podemos Tania Sánchez anunciaba su intención de denunciar ante el Parlamento Europeo la actuación de Blanco.

La eurodiputada tiene la intención de preguntar sobre la directiva «que exime de sacar a concurso público los contratos de servicios sociales con entidades sin ánimo de lucro que estén por debajo de los 750.000 euros». Se trata de una directiva a la que, según Sánchez, «el Principado podría ampararse para no organizar un concurso lesivo para las ONG».

En su opinión, tras la decisión de Bienestar «hay una clara intención del PSOE y el PP de expulsar a entidades que llevan años haciendo un trabajo social imprescindible y ocupar su lugar con grandes empresas bien relacionadas con los dos partidos».