«El PSOE debe rectificar. Está a tiempo»

Oviedo. «Este no es un problema de las entidades de discapacidad. Es un problema de todo el tercer sector y estamos aquí para decírselo al Principado». A la representante de la Coordinadora de ONGD de Asturias, Noemí Rodríguez, le tocó ayer hacer las veces de portavoz de todas las ONG. Fue durante la lectura pública del manifiesto contra «la mercantilización de los servicios sociales» que la mayoría de las entidades sociales de la región, un centenar, han firmado.

Ante las verjas del Parlamento asturiano -la Policía no permitió que la lectura se realizara desde la escalinata principal- la propia Rodríguez leyó parte del documento, acompañada por Mariti Pereira (Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales), Loli Fernández (Comité Anti-Sida); Pedro Llaca (Fundación Don Orione), Álvaro Granda (Conseyu Mocedá), Jesús García (El Patiu) y Ramón Colunga (Fundación Albergue Covadonga).

Cada uno leyó un párrafo del manifiesto en defensa «de las entidades sociales de discapacidad, infancia, exclusión social, juventud, igualdad y mayores», ya que entienden las firmantes -entre las que están Cáritas, Proyecto Hombre o la Tertulia Feminista Les Comadres- que «la actual política de Bienestar supone una amenaza a la calidad de vida de los colectivos atendidos». Se refieren a la privatización de los servicios de transporte y pisos tutelados para la discapacidad, además de a la falta de reforma de la Ley de Servicios Sociales para impedir el acceso de la empresa privada a los servicios de discapacidad, infancia y exclusión.

En opinión de las ONG, «es incomprensible que esto lo haga un gobierno socialista. El PSOE debe rectificar. Está a tiempo. Así se lo decimos al presidente, Javier Fernández, por escrito, y esperamos decírselo en persona si nos recibe», manifestó Rodríguez.

Junto a ella, portavoces del centenar de organizaciones firmantes, así como todas las integrantes de la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad -Don Orione, Apta, Una Ciudad para Todos, Siloé, Ascivitas, Rey Pelayo y Sanatorio Marítimo-, y las que aglutina la Federación de Personas con Discapacidad (Feaps).

Precisamente, Feaps reiteró ayer que en la reunión del miércoles entre el presidente y el Comité de Discapacidad (Cermi), Javier Fernández «no pudo dar fecha de cuándo llegará la reforma de la Ley de Servicios Sociales». Desde el Cermi, sin embargo, se aseguró que la cita «fue muy positiva» y que el presidente «se comprometió a que la ley llegaría a la Junta en esta legislatura».

Blanco culpa a IU

Pese a lo dicho por el Cermi, la consejera de Bienestar, Graciela Blanco, no pudo precisar cuándo ocurrirá. Durante la sesión plenaria, la socialista insistió en que «tenemos el compromiso», pero que el texto «está en el Consejo Consultivo». Incluso culpó a la portavoz de IU, Noemí Martín, de «no haber hecho usted la reforma de la ley cuando fue consejera», olvidando, como le espetó Ignacio Prendes, de UPyD, «que se trataba de un gobierno socialista. Consejera, se hace usted oposición a sí misma».

Martín, por su parte, le recordó que «tuvieron tiempo a aprobarla desde mayo pasado, cuando les trajimos una propuesta y nos dijeron que ustedes tenían otra, lista para aprobar. Estamos en febrero y no se sabe nada de ese texto».

A las críticas se sumaron también Foro y, por primera vez en los últimos meses, el PP, quien considera que «el Principado está en deuda con las entidades del tercer sector». Noemí Martín e Ignacio Prendes dejaron claro en la Cámara que «no aprobaremos un texto que no sea el pactado», ya que las ONG temen que «el que llegue a la Junta no sea el bueno». Respecto a los concursos de transporte y pisos tutelados, Blanco reiteró que «nos obliga la ley» y afirmó que, en el caso de los pisos, «al final, de los cinco, tres quedarán en manos de entidades sin ánimo de lucro».