El Principado ignora si habrá nueva ley de servicios sociales esta legislatura

«No se imaginan cómo siento que Baleares nos haya ganado la partida». «Es que le han adelantado por la izquierda, presidente». El lamento del presidente del Principado, Javier Fernández, por el hecho de que la comunidad balear cuente ya con nueva Ley de Servicios Sociales, mientras Asturias apura los plazos para aprobarla antes de que finalice la legislatura, fue rápidamente contestado por Joaquín Pérez, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps).

El diálogo reproducido se produjo durante la reunión que el jefe del Ejecutivo asturiano mantuvo ayer con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el órgano que representa al sector de la discapacidad y que preside Mónica Oviedo, vicepresidenta de Cocemfe Asturias. La cita estaba prevista para el pasado 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, pero la polémica tras la privatización del transporte y las viviendas para discapacidad obligó a posponerla hasta en dos ocasiones.

Porque en los actos principales de aquella jornada institucional, celebrada en Avilés, la mayoría de las entidades sociales dejaron a la consejera con la palabra en la boca, para protestar por lo que consideran un «engaño»: que el Principado haya sacado a concurso las rutas de transporte a los centros de discapacidad. Se trata, tal y como adelantó EL COMERCIO, de un servicio que hasta ahora prestan las ONG y que, cuando se falle el concurso, quedarán en manos de entidades con ánimo de lucro. El mismo camino llevarán los pisos tutelados para personas con discapacidad que gestionan en Gijón, Avilés, Langreo y San Martín del Rey Aurelio cuatro ONG, de las cuales solo la de Rey Aurelio tiene opciones a seguir con su vivienda, ya que las demás pasarán a entidades con ánimo de lucro.

Lectura del manifiesto

Trasnumerosas manifestaciones y debates en la Junta, ayer fue la primera vez que el jefe del Ejecutivo autonómico se sentaba con el Cermi. Un órgano, sin embargo, en el que no están las entidades que conforman la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad, la más crítica contra las privatizaciones de Bienestar. Sí está la otra entidad crítica, Feaps, con 6.000 socios.

Ante el representante de esta federación reconoció el presidente regional que su interés por aprobar la ley «es máximo», pero que la reforma «está pendiente de los servicios jurídicos», con lo que no pudo precisar «si llegaremos a tiempo».

También dejó Fernández, aunque no estaba en el orden del día, que Joaquín Pérez explicara el motivo de la protesta contra la privatización del transporte y le entregara la propuesta alternativa que ha realizado Feaps.

Volverá a escucharla el presidente esta mañana, ya que tanto Feaps, como la Plataforma, como la mayoría de las entidades sociales de la región -entre ellas, Cáritas y Proyecto Hombre- llevarán a la Junta el manifiesto contra «la mercantilización de los servicios sociales». Por la tarde, volverán al Parlamento, ya que de nuevo su queja llega al pleno.