«Anular el concurso del transporte de discapacidad solo cuesta 9.000 euros»

«Es usted un irresponsable, señor Prendes. ¿Sabe lo que supondría la paralización del concurso de transportes?». A la pregunta que la diputada socialista Nuria Devesa le hizo en el pleno del pasado viernes, el aludido, el portavoz de UPyD, tiene la respuesta que, por cuestión de procedimiento, no pudo darle en el Parlamento asturiano. «No licitar el concurso supone hoy 9.000 euros».

Así lo explicó a EL COMERCIO Ignacio Prendes. Sus datos parten del propio pliego de condiciones del concurso puesto en marcha por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Con el que pretende adjudicar veinte rutas -que, en su mayoría, ahora realizan entidades sin ánimo de lucro- a empresas privadas.

En su apartado 2.4.11, el pliego de condiciones del concurso recoge que «el órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la celebración del presente contrato, compensando a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con un máximo de 500 euros».

Como no se ha adjudicado aún, suspenderlo supondría un máximo de 9.000 euros, «ya que son 18 las propuestas presentadas para cubrir las rutas de transporte a los centros de apoyo a la integración (CAI). Una cifra que tanto UPyD, como IU, Foro y, sobre todo, las entidades sociales que se han levantado contra el concurso, consideran «asumible».

Lo dicen porque el Principado abonará 3.740.978 euros por veinte rutas que ahora le cuestan, en algunos casos, «hasta ocho veces menos». Así, pasará de pagar 600 euros al mes por el transporte que realiza una ONG a abonar 4.909 euros, también al mes, a una empresa con ánimo de lucro.

Además de multiplicar por ocho el presupuesto, Bienestar se expone, si mantiene el concurso, «a enquistar el problema, porque los usuarios ya han dicho que no utilizarán los nuevos autobuses». Así lo recordaron ayer desde la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad.

La entidad, formada por las siete entidades que aglutinan el mayor número de plazas residenciales y CAI de la región -Apta, Sanatorio Marítimo, Una Ciudad para Todos, Siloé, Ascivitas, Rey Pelayo y Don Orione- cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Discapacidad (Feaps). Entre ambas representan a 8.000 personas con discapacidad y urgen a «Bienestar a suspender este concurso».

«Nadie nos manipula»

Sus portavoces insisten en que «nadie nos manipula». Lo dicen en respuesta, también, a la portavoz socialista Nuria Devesa. Durante su comparecencia plenaria, la diputada acusó a los tres grupos que piden que se anule el concurso de «mercantilizar la demagogia» y de «mentir y generar preocupación entre los usuarios y sus familias».

Los portavoces de esos usuarios y sus familias aseguraron ayer que «no fueron los grupos los que vinieron a nosotros, sino nosotros quienes fuimos a contar a todos, incluso al PP y al PSOE, lo que pasa. Pero solo Foro, IU y UPyD han tramitado nuestras peticiones».

En esa línea, la portavoz de IU, Noemí Martín, reiteró que «el Principado debe paralizar el concurso y permitir que sigan dando el servicio las entidades sociales que quieran hacerlo», mientras que desde Foro, Esther Landa se preguntaba: «¿Dónde está la igualdad de condiciones en un concurso del que se excluye a las ONG?».

El Cermi, con el presidente

La Plataforma y Feaps recuerdan que su enfado con el Principado llega tras «el cambio de la política de servicios sociales», que evidencia, dice, «la privatización de los pisos tutelados y, sobre todo, que no se haya aprobado la reforma de la Ley de Servicios Sociales».

Ambas cuestiones volverán a tratarse mañana en el pleno, el mismo día en que se presentará el manifiesto contra ese cambio en las políticas sociales firmado por 70 ONG, entre las que están Cáritas o Proyecto Hombre. Un manifiesto que no llevará hoy al presidente, Javier Fernández, el Cermi, con el que se reúne a las 18 horas. Pese a que es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, el ente no firmó el manifiesto.