Familias y usuarios se alzan contra los recortes en discapacidad

Recogida de firmas para un manifiesto y reuniones en Gijón y Oviedo para que familiares y usuarios conozcan de primera mano cómo les afectan las últimas decisiones tomadas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. La Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad, ente integrado por las siete entidades -Fundación Siloé, Don Orione, Sanatorio Marítimo, Rey Pelayo, Ascivitas, Una Ciudad para Todos y Apta- que aglutinan el 80% de plazas para alojamiento y centros de discapacidad, sigue pidiendo freno a los recortes en marcha.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Gobierno regional ha decidido sacar a concurso el transporte a los centros de discapacidad, lo que supone que las ONG no tendrán financiación para sus furgonetas, además de que los usuarios no podrán salir del centro para todas las actividades externas que realizan cada día. Además, el Ejecutivo de Javier Fernández también ha privatizado los pisos tutelados para personas con discapacidad que abrieron y gestionan cuatro entidades sociales: Cocemfe, Aviola, Siloé y Rey Aurelio. Solo la última ha logrado que su oferta fuera aceptada.

Para frenar ambas propuestas, la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad recaba, hasta el sábado, firmas para su manifiesto de protesta, que ya han firmado entidades como Cáritas, Comité Anti-Sida y la Tertulia Feminista Les Comadres.

A la vez, el próximo día 5 celebrarán sendas reuniones en Oviedo -a las 11.30, en el centro de Cajastur- y en Gijón -a las 18.30, en Gijón-Sur- en las que las familias y los usuarios decidirán qué hacer.

Sin fecha para la ley

Las críticas no se centran, exclusivamente, en las privatizaciones citadas sino que las ONG también claman contra la falta de reforma de la Ley de Servicios Sociales, la que 'blindaría' a las entidades sociales para evitar la entrada de las empresas con ánimo de lucro en el sector de la discapacidad y la infancia.

Como publicó este periódico el domingo, las entidades alertan de que el Principado «nos lleva a la quiebra» si no evita esa competencia del sector privado, situación que el Gobierno regional quiere evitar.

Así lo aseguró ayer el portavoz del Ejecutivo, el consejero de Presidencia Guillermo Martínez, quien afirmó que «una seña de identidad de esta Administración es su apuesta por el blindaje de los servicios públicos esenciales», a la vez que aseguró que «desde el comienzo de la legislatura se ha apostado por regularizar las relaciones contractuales con las entidades del tercer sector».

Sin embargo, pese a las preguntas de los periodistas sobre si la reforma de la ley llegaría en esta legislatura, sólo pudo insistir en que «es nuestra prioridad». Los grupos de la oposición, Foro, IU y UPyD, tienen claro que no será posible, ya que aún no ha llegado al debate parlamentario en la Junta.