Las ONG de discapacidad, al borde del cierre

El Principado les paga parte de la atención que prestan a 692 asturianos con discapacidad intelectual. Pero por sus centros pasan miles de personas que, mayores o menores, con discapacidad o sin ella, tienen un denominador común: están en riesgo de exclusión. Sus plantillas llegan a los 260 trabajadores. Y todas nacieron con fe: ya sea en Dios, ya en que las personas poseen derechos, aunque tengan discapacidad. Todas fueron pioneras ayer y hoy son profesionales. Todas son empresas, pero ninguna con ánimo de lucro. Y todas están en riesgo de quiebra.

La decisión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de privatizar el servicio de transporte y los pisos tutelados para personas con discapacidad ha disparado la alarma en el tercer sector, denominación que engloba las entidades sociales. Ellas, las que no tienen ánimo de lucro, las que reinvierten los beneficios en los programas que realizan, creen que la entrada de la empresa privada en el sector de la discapacidad «nos arrasará».

Así lo asegura José María Mori, pionero en el altruismo social cuando aún no existía la denominación Organización No Gubernamental. Como la mayoría, su ONG, Una Ciudad para Todos, nació como asociación, en aquel momento volcada en la erradicación del chabolismo. Logrado su objetivo, la discapacidad se convirtió en el motor de la entidad, que ahora ve «cómo la privatización de las rutas de transporte es un primer paso de la empresa privada, que nos arrasará». Es el gerente de Una ciudad para Todos, Carlos Aller, el portavoz de una plataforma, la del tercer sector de la discapacidad, que «nunca quiso protagonismo», pero que surgió «en defensa de un modelo de servicios sociales: el mixto entre lo público y las entidades sociales».

Un modelo, recuerda Raúl Cantero, coordinador del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) del Sanatorio Marítimo, «del que Asturias fue pionera. No entendemos cómo, después de haber sido referente en el país, es ahora la comunidad pionera en querer introducir el sector privado en la atención a colectivos tan vulnerables como infancia y discapacidad». Por eso el Sanatorio Marítimo también integra la plataforma, como Una Ciudad para Todos, Don Orione, Apta, Siloé, Ascivitas y Rey Pelayo.

Las siete han encabezado un movimiento en el que ya han encontrado el respaldo de otras, como las veinte entidades que aglutina la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps). Pero que busca «la unión de todos. Tenemos que darnos cuenta de que no es un problema de una asociación o de dos, es un problema de todas. Si la empresa privada entra en este sector, los demás tendremos que cerrar».

Entienden que «el cambio de política del Principado nos lleva a la quiebra», algo que ya barruntaron en 2012, cuando firmaron el acuerdo mediante el cual el Gobierno regional les paga el coste de atender a las personas que les deriva. «Realmente, parte del coste», explican, puesto que los 370 euros que, por ejemplo, abona Bienestar por la asistencia a una persona con dependencia leve, «no llega a los 606 del coste real de la plaza».

Pese a saberlo, firmaron el acuerdo «porque nuestro objetivo no son los beneficios económicos, sino atender a las personas. Nosotros teníamos ya los programas y la Administración se limitó a derivarnos a los usuarios, pero nunca pagó lo que realmente cuesta esa atención». Y firmaron, también, porque el Ejecutivo del socialista Javier Fernández prometió blindarlos con la reforma de la Ley de Servicios Sociales. La que impediría el acceso de la empresa con ánimo de lucro a la atención a infancia y discapacidad. «Pero la reforma no llega», lo que les lleva a temer que, en 2016, cuando el acuerdo marco caduque, «saquen a concurso todos los programas». Por eso ultiman un manifiesto, que «no será nuestro, será de todos», en el que las entidades firmantes alertan no solo de su quiebra, sino también de la de los derechos de las personas con discapacidad: «Van a comerciar con ellos».

FUNDACIÓN SILOÉ

«No es un problema nuestro, sino de toda la sociedad

«No se trata de un problema nuestro, de las entidades sociales, sino de toda la sociedad». Susana González, directora de laFundación Siloé, se muestra muy preocupada por «el cambio de modelo» del Principado en materia de servicios sociales. «Si no hay una política de asistencia pública, los servicios sociales serán un negocio más en lugar de un instrumento para luchar contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades». Algo de lo que Siloé, creada en 1971 por José Antonio García Santaclara sobre el germen de un programa que acogía a menores en riesgo de abandono, sabe mucho. 887 personas en riesgo de exclusión utilizaron sus servicios: cuatro centros de día para menores; tres centros de atención integral, también para menores; pisos tutelados para salud mental; Casa del Sida y centro de día y Milsoles, para personas sin recursos. El concurso de Bienestar ha dejado en manos de una empresa privada sus pisos de discapacidad.

SANATORIO MARÍTIMO

«¿Van a desahuciar a residentes que llevan aquí 30 años?»

Desde hace 70 años, el edificio de los Hermanos de San Juan de Dios marca la bahía gijonesa. Por él han pasado miles de personas, ya que ha sido centro asistencial, educativo y, ahora, especialista en discapacidad intelectual. Raúl Cantero, responsable del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) del Sanatorio Marítimo, defiende que «nosotros, como todas las entidades sociales, tenemos líneas rojas que no cruzaremos». Unos límites que pasan por no dejar de atender a personas «que no tengan recursos», algo que cree «no harán empresas con ánimo de lucro. Nosotros, si hay beneficios, van a los programas». Es decir, al Colegio de Educación Especial, de 54 plazas y con 35 alumnos; al CAI, de 200 plazas y con 103 usuarios, así como a la residencia, en la que viven 135 personas, aunque podrían hacerlo 152. Para muchas de ellas, «ésta es su casa desde hace 30 años. Si el Sanatorio Marítimo desaparece, ¿las van a desahuciar?», se pregunta Cantero.

ASCIVITAS

«Nuestros usuarios sufrirán una merma en sus derechos»

Este año cumplirán, «si Bienestar no lo impide» 25 años en Pravia. «Realmente en toda la comarca, ya que nuestra asociació da atención a todo el entorno, muy rural y muy disperso». Así lo asegura Patricia Solar, directora de Ascivitas, entidad nacida, «como la mayoría», del impulso de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual. «Lo que nos distingue de otras es la procedencia rural de la mayoría de nuestros usuarios. Hay que tener en cuenta que venir aquí es su única actividad social». Aquí es un Centro de Apoyo a la Integración ubicado en Pravia, muy cerca del Ayuntamiento, con 35 plazas y 33 usuarios. Además, Ascivitas ofrece una Cooperativa Laboral. Son 12 personas con discapacidad «que trabajan en jardinería». Pero, sobre todas las cosas, Ascivitas ofrece «programas de ocio y vida social». Algo que peligra con la privatización del transporte. «El autobús será sólo para ir y venir a casa».

DON ORIONE

«La sensación es que la consejería nos toma el pelo»

La congregación Don Orione llegó a Posada de Llanes en 1951 para abrir un colegio de huérfanos. Desde aquel primer centro, inaugurado en 1956, la entidad se ha ido especializando en la discapacidad intelectual, hasta ofrecer la única Escuela de Educación Especial del Oriente asturiano, a la que ahora acuden 19 alumnos. Las instalaciones orionistas cuentan, además, con 95 plazas de residencia, de las que 91 están ocupadas, mientras otras 18 se distribuyen en pisos tutelados, donde han colgado el cartel de completo. La oferta para la discapacidad está integrada además por un Centro de Apoyo a la Integración (CAI), con solo 12 de sus 60 plazas ocupadas. Porque Don Orione fue la primera en conocer «el cambio de política» de la Consejería de Bienestar Social. Le quitó su CAI de Arriondas, para cedérselo a la entidad pública Fasad. Con la privatización ahora del transporte, «la sensación es que la consejería nos toma el pelo», zanja Pedro Llaca, coordinador de la ONG.

UNA CIUDAD PARA TODOS

«Si esto no se frena, la empresa privada nos arrasará»

En 1975 José María Mori, con otros locos altruistas, se empeñó en acabar con el chabolismo que copaba la parroquia gijonesa de Tremañes. No solo lo logró, sino que también consiguió que aquel proyecto, denominado Una Ciudad para Todos, sea hoy un referente en la atención a la discapacidad. En la gijonesa finca Vegapresas hay levantado un Centro de Atención a la Integración (CAI) de 81 plazas, de las que solo están ocupadas 57. Además, cuenta con cuatro pisos tutelados, cuya capacidad es para 29 personas, pero en los que solo viven 24. Y, la joya de la corona, el Centro Especial de Empleo, con 60 trabajadores en las ramas de vivero, jardinería, catering y manipulados. Ahora Mori, como la vicepresidenta, Arancha Martínez, o el gerente Carlos Aller o la directora, Asun García, tienen claro que «si el Principado no frena esta política de privatizaciones», es decir, si discapacidad e infancia «no siguen bajo el modelo mixto: público-tercer sector, la empresa privada nos arrasará». Cumplir 45 años en 2016 parece hoy «imposible».

APTA

«Parece que hablan de tornillos, pero son nuestros hijos»

«Estamos muy tristes. No entendemos qué está pasando. La consejería parece que habla de tornillos, pero son nuestros hijos». Joaquín Fernández, presidente de la Asociación de Padres y Madres de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo (Apta), no habla solo por él. Pone voz a los 188 trabajadores del Centro Especial de Empleo, a los 44 usuarios del Centro Ocupacional y de los 24 usuarios de la residencia Vistaverde que la entidad ofrece. Nacida en 1979 es fruto, como la mayoría de las asociaciones de discapacidad, del esfuerzo y dinero de padres y madres de personas con discapacidad intelectual. Un esfuerzo que alcanzó su techo cuando Apta se convirtió en suministrador principal de Suzuki. Aunque la crisis les dañó, siguen en la brecha. Fernández lo tiene claro: «Llegamos cuando no había nada para nuestros hijos. No somos sociedades mercantiles. ¿El Principado quiere ahora que compitamos con constructoras y fondos de inversión?».

REY PELAYO

«Atendemos a quien no tiene para pagar. ¿Lo hará Sacyr?»

En 1993, un grupo de padres y madres de la comarca de Avilés se dieron de bruces con la realidad: tras cumplir los 18 años, las personas con discapacidad quedaban fuera del circuito educativo sin otra expectativa que permanecer en sus casas. De la necesidad de ofrecer alternativas a sus hijos e hijas nació la Asociación Rey Pelayo, que dispone de un Centro de Atención a la Integración (CAI) con capacidad para 58 personas, aunque el Principado solo paga el acceso a 41. Además, abrieron una vivienda tutelada, de ocho plazas, en la que viven siete personas. Unas cifras «oficiales», precisa el gerente de la entidad, Alejandro Alonso, porque la realidad es que «nosotros atendemos a todo el que nos pide ayuda. Vamos, que atendemos a quien no tiene para pagar. ¿Eso lo hará Sacyr?», en referencia a que la gran constructora quiere entrar en el sector asturiano de la discapacidad. Con 14 personas en plantilla, ahora temen por el futuro de los conductores de sus furgonetas. «Que nos privaticen las rutas es un sinsentido que no aceptamos».