La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión para Riopedre, seis meses más que Renedo

La Fiscalía de Asturias ha fijado su posición respecto al 'caso Renedo', la presunta trama de corrupción en el seno de la Administración regional destapada hace cinco años. Limita a siete los procesados: la ex directora general de Educación María Jesús Otero; el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; la funcionaria Marta Renedo; y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez, Víctor Manuel Muñiz, Maximino Fernández y Antonio José Azorín. Los cuatro últimos están acusados de comprar, supuestamente, voluntades de empleados públicos. Las penas suman 57 años y oscilan entre los 3 y 11 años de cárcel para cada uno. Asimismo, considera responsable civil a título lucrativo al hijo de Riopedre, Ernesto Iglesias, administrador de la firma Geogal, por haberse beneficiado presuntamente de la trama, y le pide devolver 366.507 euros.

La fiscal solicita mayor pena de prisión para el exconsejero que para Renedo, la alta funcionaria acusada de suplantar identidades y crear empresas falsas para beneficiarse presuntamente de dinero del Principado. Para Riopedre pide 10 años y seis meses de cárcel, multa de 400.000 euros y la inhabilitación de 19 años para ejercer cargo o empleo público por los delitos continuados de prevaricación, fraude, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y cohecho. Para Renedo, la pena es algo inferior: de diez años en total (seis meses menor que el antiguo titular de Educación), una multa de 480.000 euros y la inhabilitación para cargo o empleo público durante 19 años también por los delitos de falsificación de documento y cohecho.

Ahora bien, según su criterio, el mayor castigo debe recaer en la ex directora general de Educación, María Jesús Otero, para la que solicita 11 años y seis meses de prisión, una multa de 2,5 millones (equivalente a la cantidad que habría percibido como prebendas de las empresas APSA e Igrafo) y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público por los delitos continuados de prevaricación, fraude y exacciones legales, malversación de caudales públicos y cohecho.

En el caso del gerente de APSA, Alfonso Carlos Sánchez, la Fiscalía reclama una pena de nueve años y una multa de 1,9 millones de euros por los delitos de cohecho y falsificación y cooperación en fraude, mientras que para su homólogo de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, plantea similar petición: 9 años de prisión y una sanción de 1,5 millones por los mismos delitos.

Para Maximino Fernández -que, según la Fiscalía realizó, a través de Marta Renedo, cinco contratos de trabajo a personas que iban a trabajar en las dependencias del Principado sin que éstos se llegaran a realizar- solicita una pena de cuatro años por malversación y falsificación de documento mercantil; mientras que para Antonio José Azorín reclama tres años por falsificación y cooperación en fraude.

El Ministerio Público solicita a Renedo la devolución al Principado de 1,63 millones de euros, al que también deberá entregar 258.000 euros junto con Maximino Fernández. Asimismo, reclama que Riopedre, Otero y los gerentes de APSA e Igrafo reintegren al Gobierno regional las partidas recibidas en función de lo que dictamine la sentencia.

La investigación del 'caso Renedo' se inició gracias a la denuncia que interpuso una gijonesa en 2010. Cuando la mujer comprobó que ya había abogados, fiscales y jueces tras la pista, optó por desligarse del proceso, confiando la representación de sus intereses a la fiscalía. La fiscalía solicita que Renedo la compense por las molestias con 781,63 euros en gastos jurídicos y 2.000 más por atención psicológica. La responsabilidad civil subsidiaria recaería en el Principado.