Las familias de discapacitados no usarán el transporte privatizado

No están dispuestas a claudicar. Cuando ni el Gobierno ni ningún tipo de Administración era capaz de proporcionar a sus hijos, hermanos, sobrinos o primos con dependencia alguna alternativa para que pudieran hacer vida más allá de las cuatro paredes de su casa; ellas, las familias, renunciaron a miles de cosas y se hicieron, a costa de su propio peculio, con esas furgonetas adaptadas a sus necesidades que durante años permitieron la integración de Marta, Jesús o Miguel. Ahora, el concurso público convocado por el Gobierno del Principado para el transporte de personas dependientes, con apertura privilegiada al sector privado, deja en la cuneta «un modelo que funciona, con el que todos, usuarios y familias, estamos contentos y que es el factor mejor valorado en las encuestas que hacemos. ¿Por qué un servicio que funciona bien, que está gestionado por asociaciones sin ánimo de lucro y del que tres informes jurídicos han dicho que es legal, se empeña la Consejería de Bienestar Social en destruirlo? Algo huele muy mal en este asunto».

La voz es unánime y repetitiva entre las familias que, cada una en su territorio y con sus circunstancias, habían ido asociándose para «darles una mayor calidad de vida a nuestros hijos». Unas pertenecen a la Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (Feaps) y otras han formado la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad. Entre todos cubren más del 80% de las plazas de toda Asturias.

«Estamos todos unidos contra este

modelo concursal que pretende, sin ningún tipo de protección, abrir las puertas a las empresas privadas. Primero fueron los pisos, que ahora gestionan constructoras como Sacyr, y ahora es el transporte. ¿Qué vendrá después? Nosotros no transportamos personas, las movilizamos para que hagan una vida lo más integrada posible; no los llevamos al centro y los traemos, salimos con ellos, los llevamos al médico, a hacer deporte, a una excursión, se utilizan todo el día por todos los usuarios, porque les proporcionamos un apoyo individualizado, que la empresa privada, que recibirá el triple de financiación que nosotros, no podrá ni querrá hacer. Sobre todo porque lo que tiene estipulado el pliego de condiciones es una salida al cuatrimestre y a no más de 200 kilómetros de distancia del centro».

Por eso la voz es compartida cuando expresan más que una amenaza, una advertencia: « No vamos a coger el transporte privado. Los llevaremos en coches o en taxi si es necesario, pero no en un transporte que no sólo nos viene impuesto sin haber contado con nosotros para nada, sino que es perjudicial para nuestros hijos. Nosotros los conocemos, vivimos con ellos, disfrutamos de ellos y no los utilizamos, como dice Enrique Nuño». El director general de Políticas Sociales acusó recientemente a las familias de personas con discapacidad de «utilizar» a sus hijos al llevarlos a la manifestación del Día Internacional de la Discapacidad. «¿Va a defender mejor la Administración a nuestros hijos que nosotros? ¿Lo va a hacer poniéndoles el transporte que quiere poner? Luchamos por ellos desde que nacen contra condiciones muy adversas», mantienen todos al mismo tiempo, indignados.

Engañados y aislados

Indignación que tuvo su primera semilla al sentirse engañados por el propio Nuño «cuando se reunió con nosotros para hablar de proyectos de futuro, dos días después de haber mandado a la Unión Europea la convocatoria del concurso, un medio que, por cierto, el Principado no utiliza nunca». Pero, por encima de «falsedades» y de críticas políticas se impone la realidad. «En la zona rural este transporte va a aislar a los usuarios y nos va a dejar desconectados. Nos afectará de una forma terrible».