Servicios Sociales, S. A.

«Es un modelo legítimo, pero no es el que existe en Asturias. Si el PSOE lo quiere cambiar, debe decirlo. Pero no es admisible que hable de políticas progresistas y se dedique a privatizar». La frase de la portavoz de IU, Noemí Martín, la suscriben no solo sus homólogos -Esther Landa, de Foro, e Ignacio Prendes, de UPyD-, sino que aparece en el argumentario de la Plataforma del Tercer Sector de Discapacidad, la que aglutina a las ONGs que fundaron y gestionan el 80% de las plazas para infancia y discapacidad.

Tras años de eludir cualquier confrontación política y después de una reunión urgente el día de Nochebuena, las ONGs decidieron acusar al Ejecutivo de Javier Fernández de «vender la atención a personas vulnerables, con la complicidad del PP». Las integrantes de la plataforma, Don Orione, Sanatorio Marítimo, Fundación Siloé, Ascivitas, Rey Pelayo, Apta y Una Ciudad para Todos, todas sin ánimo de lucro y volcadas en la inclusión de los vulnerables, ven «alarmante que un gobierno que se dice de izquierda ponga en marcha un modelo neoliberal en servicios sociales».

Tan duras palabras llegan porque, por primera vez en Asturias, las empresas privadas, las que tienen ánimo de lucro, las que hacen negocio de su gestión, compiten y se hacen con servicios de infancia y discapacidad, dos líneas rojas que Javier Fernández prometió no sobrepasar nunca.

Pero las sobrepasó. Ésta es la cronología de los saltos frustrados, de los aún en el aire y de los que ya sitúan al presidente del lado de «políticas que firmaría Esperanza Aguirre», mantiene Izquierda Unida.

Infancia, la primera línea roja

«No se va a privatizar la unidad de primera acogida a menores». Costó que la, en aquel momento, consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, pronunciara esa frase. Lo hizo en el Parlamento el 29 de mayo, acuciada por las críticas. Como adelantó EL COMERCIO, Foro, PP, IU y UPyD se habían puesto del lado de las entidades sociales para arremeter contra la privatización de ese servicio, el primero que atiende a los menores cuya custodia asume el Principado.

Ese primer salto de una de las líneas rojas del Gobierno regional quedó frustrado por la acción legal. El 25 de mayo el Tribunal Administrativo Central de Recursos paralizó el concurso. Aceptó la queja de Albéniz, Trama, El Patiu, Abierto Asturias, las fundaciones Hogar de San José, Siloé, Cruz de los Ángeles y Amaranta, los centros Sagrado Corazón, Madre Isabel de Larrañaga, Cáritas y Educadores Sociales del Principado. El Tribunal rechazó que Eulen, empresa privada, pudiera participar en el concurso. «Infancia es cosa de servicios públicos o sin ánimo de lucro», dijo.

El bus se multiplica por 8

Frustrado el asalto a la línea roja de infancia, el Ejecutivo lo intentó con discapacidad. Ya con la nueva consejera al frente, Graciela Blanco, tras dimitir Díaz por su participación en una empresa subcontratada por el Principado, Bienestar sacó a concurso el transporte a los centros de personas con discapacidad. Lo hizo a través del boletín de la Unión Europea y sin informar a las entidades afectadas. Ni a las 20 que aglutina la Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual de Asturias (Feaps) ni a las siete de la Plataforma.

Ambas salieron en tromba a acusar al director general de Políticas Sociales, Enrique Rodríguez Nuño, de «engaño», porque «nos dijo que no iba a hacer nada en contra de las asociaciones y las familias». Creen entender ahora «por qué dimitió Jacinto Braña -el antecesor de Nuño-. Él nos dijo que esto iba a pasar. Pensamos que el malo era él, pero vemos que no». Las críticas van, también, para el secretario general técnico de la consejería, Pedro Isidro Rodríguez, al que consideran «artífice de todas estas privatizaciones». Una apreciación que comparte Noemí Martín. La diputada de IU tuvo que bregar con Rodríguez durante su etapa de consejera de Bienestar Social. «Habla de legalizar, cuando lo que quiere decir es privatizar».

Las ONGs mantienen que «el servicio será peor y más caro. Con rutas hasta ocho veces más costosas». El concurso aún no se ha fallado y la oposición ha presentado una proposición no de ley para frenarlo. Una oposición de la que se ha descolgado el PP, tras el pacto presupuestario. Una confrontación que también evita la presidenta del Comité de Representantes de Discapacidad. Mónica Oviedo, de Cocemfe, apoya a Bienestar. Tanto, que Feaps ha pedido, directamente, su dimisión. Ella calla.

Discapacidad, como depuración

Oviedo no habla ni siquiera ante la pérdida del centro de Cocemfe en Langreo. Porque si en el caso del transporte el salto de la línea roja ha congelado al presidente en el aire, en la gestión de los pisos tutelados para discapacidad el brinco sitúa a Javier Fernández al otro lado: «En el de las políticas neoliberales.No entendemos qué pasa», reiteran las ONGs.

Porque resulta difícil comprender que los dos pisos tutelados que en 2001 abrió Siloé, con recursos propios, en Gijón para que personas con discapacidad intelectual sin recursos tuvieran su independencia, pasen ahora a ser gestionados por Sacyr, la mayor constructora del país. Lo hará a través de Valoriza, su filial nacida para la depuración de las aguas.

Así lo decidió Bienestar Social, tras sacar a concurso los pisos de Siloé, el centro de Cocemfe en Langreo, el piso de Aviola en Avilés y el de la Asociación Rey Aurelio en San Martín. Este periódico desveló que las cuatro ONGs han perdido sus centros. A Cocemfe la sustituirá en Langreo Casta, una empresa propiedad del fondo de inversión Magnum, que se hizo con la mayoría de las residencias de Geriátricos del Principado. En Avilés, será Casta quien se haga con el piso de Aviola y todo apunta a que con el de Rey Aurelio.

Un ansia privatizadora que tiene como escenario el crac de la construcción y la necesidad de las empresas de diversificar. «Todo se habría evitado con la reforma de la Ley de Servicios Sociales», recuerda Ignacio Prendes, de UPyD, frase que, como la de Martín, acuñan las ONGs. «Nos prometieron la reforma para septiembre, pero nunca llegó». Las que han llegado son las empresas privadas a los servicios sociales. Y parece que para quedarse.